La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la concesión del indulto al rapero Pablo Hásel, en prisión desde el pasado mes de febrero. El cantante lleva a sus espaldas varias condenas, algunas de ellas por injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

Entre los delitos cometidos por Hásel está el de enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía, en su escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, subraya esta tipología para negarse a su indulto, del que "es reincidente".

El Ministerio Fiscal explica que durante su estancia en la prisión de Ponent, en Lérida, "se están elaborando programas individuales de tratamiento del interno en las áreas de intervención, personal y fromativa". A todos ellos Hásel ha "manifestado su disconformidad, dado que no quiere realizar tratamiento alguno".

Por todo ello el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo entiende que no es merecedor del indulto "por razones de justicia, equidad o conveniencia publica".

Altercados

La encarcelación del rapero se tradujo en múltiples altercados en distintos puntos de España, entre los que cabe destacar los ocurridos durante varias noches en Barcelona y en Madrid.

El Ministerio del Interior tuvo que desplegar en repetidas ocasiones a las Unidades de Intervención Policial (UIP) para disgregar a los manifestantes, que ocasionaron graves daños al mobiliario urbano. 

La tensión en la calle terminó saltando a la esfera política. En el seno del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos mostraron sus diferencias sobre las condenas de Hásel. Los morados defendían que sus críticas y su "enaltecimiento del terrorismo" entraban dentro de la libertad de expresión. La oposición aprovechó para atacar a los socios de la coalición.

Mensajes en redes y canciones

Hásel fue condenado a 9 meses y 1 día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre de 2018, así como al pago de una multa de aproximadamente 30.000 euros. Este tribunal redujo no obstante la pena inicial de marzo de 2018 que le impuso la Sala de lo Penal, y que ascendía a dos años y un día de prisión.

Según el Tribunal Supremo, que confirmó la postura de la Audiencia Nacional, el artista difundió en su perfil de Twitter -que entonces contaba con más de 54.000 seguidores, hoy más de 100.000- más de 60 mensajes entre los años 2014 y 2016 en los que ensalzó la figura de miembros de ETA, como es el caso del exjefe militar de la banda terrorista, el fallecido Joseba Arregi, de quien dijo que murió torturado por la Policía y de los GRAPO como Isabel Aparicio, detenida en octubre de 1979 y "exterminada por comunista", según sus publicaciones.

También incluyó 'tuits' en su cuenta que incorporaban vídeos que incitaban a la violencia, con comentarios que se consideran enaltecedores del terrorismo y vejatorios para la Corona y otras Instituciones del Estado como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A eso sumaban que en hasta 1.915 'tuits' aparecían las palabras GRAPO, Monarquía, Borbón, Rey, ETA, terrorismo, bomba, Policía y Guardia Civil.

Ante el alegato de que esos mensajes se amparaban en la libertad de expresión y de opinión, el Supremo señaló que ese derecho "cuenta con algunas barreras" y está condicionado "por otros derechos y exigencias constitucionales" como el del respeto al otro y por "la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que alimente un clima favorable a su reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza".