El Tribunal de Cuentas reclama casi dos millones de euros al líder de ERC, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el desvío de fondos para las 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat.

Noticias relacionadas

Este tribunal contable también reclama 2,8 millones al expresidente Artur Mas y al que fue su exconseller de Economía, Andreu Mas Collel, que son quienes deben pagar la cantidad más elevada por la acción exterior de la Generalitat. Una vez notificado el expediente de liquidación todos los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.

En total, el Tribunal de Cuentas pide 5.422.879 euros a un total de 42 exaltos cargos independentistas, entre los que se encuentran también los exconsellers Andreu Mas Collel, Neus Munté y Francesc Homs así como a algunos de los políticos indultados la semana pasada, como Jordi Turull y Raül Romeva.

De este importe total 5.151.156 euros corresponden al montante principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Otros 4,1 millones más 

Estos más de cinco millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas se suman a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista. Sin embargo, todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes.

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.

El primero de los abogados en acudir a la sede de la calle Torrelaguna, 79, en Madrid ha sido el letrado del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que se ha quejado de que tanto él como el resto de abogados se han enterado de las cifras por la prensa.

"Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.

En este sentido ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".

Francesc Homs, otro de los letrados en el procedimiento, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. También ha reprochado que los abogados enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa. 

Informe fiscalizador

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un "informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017", a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones 'a dedo' y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc).