La jueza de instrucción de Madrid Esperanza Collazo ha abierto unas diligencias penales contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Bartolomé Lora -actual vicepresidente de la SEPI- "y resto de miembros del consejo de administración" en relación con la operación de rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, a la que se ha dado una ayuda de 53 millones de euros procedentes del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

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La instructora menciona en su resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, un supuesto delito de malversación de fondos públicos.

El origen del procedimiento es una denuncia interpuesta por el presidente del colectivo de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad, que en estos momentos está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Ausbanc. El fiscal anticorrupción pide para él una condena de 25 años de cárcel.

La denuncia menciona, además de la supuesta malversación, un presunto delito de tráfico de influencias que, sin embargo, no ha sido incluido en la resolución por la que la magistrada inicia las diligencias previas.

Collazos aún no ha acordado citaciones y ha empezado por reclamar el expediente completo de la ayuda pública concedida, que ha levantado una fuerte controversia política.

La oposición considera que la ayuda otorgada a Plus Ultra no se fundamenta en razones estratégicas y económicas y considera sospechosa la supuesta conexión de una parte de los accionistas de la compañía con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, relación que el presidente de la aerolínea, Fernando García Manso, ha negado en declaraciones a La Razón.

La mayor parte del capital social de Plus Ultra, el 56,8%, pertenece a dos compañías españolas (Snip Aviation y Flyspain) que están en manos de los empresarios venezolanos Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles, según datos del Registro Mercantil.

Asesoramiento financiero y jurídico

Pero la operación se defiende como totalmente transparente y correcta desde el Gobierno.

Para la concesión de la ayuda, el Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas contó con el asesoramiento financiero del banco internacional de inversiones Daiwa Corporate Advisory, con el asesoramiento legal de Deloitte y con los informes de la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Uno de los puntos centrales de los informes es el carácter estratégico de la compañía, que no deriva necesariamente de su dimensión ni de su volumen de negocio.  De acuerdo con los informes de asesoramiento, Plus Ultra es la número 11 de las 20 compañías españolas con licencia de navegación tipo A. Su desaparición acentuaría la desventaja de España respecto a países como Alemania, Francia o Reino Unido, que cuentan con un mayor número de aerolíneas con licencia A, y también repercutiría negativamente en el hub de Madrid, a cuyo peso internacional contribuyen pequeñas compañías de nicho como Plus Ultra.

Esta empresa opera vuelos a países como Venezuela, Ecuador y Perú, siendo también estratégica para España la conexión con Latinoamérica. Aunque sólo ha transportado al  0,2% de los pasajeros usuarios de compañías españolas tipo A, en esas rutas su cuota es apreciable, un 11%. 

Aunque Plus Ultra no era en diciembre de 2019 una compañía en crisis de acuerdo con los criterios del reglamento europeo de 2014, la pandemia de la Covid-19 la hizo caer en picado en 2020, cuando tenía previsto lograr un resultado neto positivo por primera vez desde que empezó a operar, en 2015. 

Requisitos

Fue en 2020 cuando Plus Ultra sufrió un fuerte deterioro financiero debido al parón de la actividad en el sector aéreo a consecuencia de la pandemia mundial. La compañía no consiguió respaldo de los bancos y no tuvo acceso a préstamos o avales del ICO.

Fue una de las primeras empresas en acudir al Fondo de Solvencia, que precisamente tiene como requisito para conceder la ayuda que la mercantil no tenga otra alternativa de financiación y que acredite que, de no recibirla, cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse a flote en un sector estratégico.

La aerolínea ha presentado un plan de viabilidad y una previsión de devolución de la ayuda (que no es a fondo perdido), en cuya concesión no intervino el consejo de administración de la SEPI.

Pese a ello, el consejo de administración de la sociedad estatal ha sido incluido en bloque y de forma innominada como sujeto del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción, probablemente porque la denuncia de Manos Limpias se dirigía también contra él, además de contra Lora. Éste, que ha estado al frente de la SEPI de forma interina durante casi un año y medio, fue reemplazado en la presidencia por Belén Gualda el pasado 30 de marzo. 

El Fondo de Solvencia tiene una regulación específica en una orden publicada en el BOE el 24 de julio de 2020. En ella se prevé que la concesión de las ayudas sea resuelta por un concreto órgano, el consejo gestor del fondo, integrado por cuatro vocales: el secretario de Estado de Economía, el subsecretario de Hacienda, el secretario general de Industria y el secretario de Estado de Energía.

En todo caso, cada operación debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. En el caso de Plus Ultra, el visto bueno se produjo el pasado 9 de marzo. En el acuerdo se destacaba que "el transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país".

También se indicaba que Plus Ultra emplea a 345 trabajadores directos, estimándose los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleos.

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