El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que temporalmente se ha hecho cargo de la investigación de los 'papeles de Bárcenas' hasta la llegada del sustituto del magistrado José de la Mata, ha acordado este viernes reclamar los expedientes de contratación de 23 obras adjudicadas entre 2002 y 2004 -época del Gobierno de Aznar- al empresario Alfonso García Pozuelo.
El propietario de Constructora Hispánica (antes, Assignia Infraestructuras) resultó adjudicatario de esos contratos, en solitario o en UTE con otras empresas. Algunas de éstas (Sando, Copasa, Copisa o Azvi), lo mismo que el propio García Pozuelo, figuran como donantes del PP en las anotaciones realizadas por el extesorero del partido, actualmente en prisión.
Pedraz ha decidido emprender la investigación de las adjudicaciones, cuyo importe suma 569,1 millones de euros, a propuesta de la UDEF y tras oír a las partes. Ninguna de ellas se ha opuesto a esta indagación, que el fiscal y la Abogacía del Estado han apoyado expresamente.
El contrato más cuantioso (188,1 millones de euros) se refiere a la construcción de una plataforma de la línea de tren de alta velocidad León-Asturias en el tramo de los túneles de Pajares. La obra, licitada por Adif en marzo de 2003, fue adjudicada a una UTE en la que Assignia tenía el 25% y Azvi otro 25%.
Ministerios y empresas públicas
Además de Adif, los expedientes afectan a otras empresas públicas como Aena, Siep y Sepes; a los entonces Ministerios de Fomento, Medio Ambiente, Educación, Cultura y Deporte, Interior y Defensa, y a organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituto de Turismo de España, Renfe y Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadalquivir.
El instructor señala en su resolución que, indiciariamente, Luis Bárcenas y su antecesor en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta (ya fallecido), junto con el empresario Francisco Correa "definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".
Para ello, presuntamente "se pusieron de acuerdo con distintos empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo en la sede del PP en calidad de aparentes donaciones".
Los fondos se habrían entregado a cambio de que Lapuerta y Bárcenas facilitaran "contactos directos con el responsable político" de la entidad o Administración adjudicataria de los contratos que en cada caso interesara.
Gracias a ello habrían conseguido en ocasiones "direccionar" la adjudicación de los contratos, "revistiendo el proceso de apariencia de legalidad pero vulnerando los principios generales de la contratación de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".
Pedraz sostiene que hay una "indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas".
"En ocasiones", añade, "se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación".
El papel de Correa, también en prisión por el caso Gürtel, habría sido actuar, de acuerdo con Bárcenas "y otros", como intermediario entre grandes empresas y la Administración para lograr un trato de favor hacia las compañías "obteniendo a cambio una comisión que repartió entre los partícipes y la propia formación política".