El magistrado de la Audiencia de Pamplona Ricardo González, miembro del tribunal que juzgó a La Manada y autor de un polémico voto particular en el que propugnó la absolución, ha sido sancionado por el Consejo General del Poder Judicial por una falta grave de retraso en la resolución de asuntos.
El expediente disciplinario contra González ha sido consecuencia de una visita que la Inspección del órgano de gobierno de los jueces hizo a la Sección Segunda de la Audiencia navarra en enero de 2019, nueve meses después del fallo que condenó a La Manada por abuso sexual, lo que provocó numerosas protestas ciudadanas.
González redactó un extenso voto discrepante en el que sostuvo que no apreciaba "signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer" sino "una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante".
A la postre, la sentencia fue corregida por la Sala Penal del Supremo, que condenó a los miembros de La Manada por violación.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha acogido el criterio del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, que propuso una sanción de multa de 700 euros para González. El fiscal Luis Navajas elevó su propuesta a 1.500 euros. Es la quinta vez que este magistrado es sancionado por retrasos, siendo la anterior en julio de 2001.
El CGPJ ha apreciado que el juez ha incurrido en una situación "prolongada" de retrasos "habituales y notables" a la hora de resolver asuntos cuyo conocimiento le correspondía como ponente.
No ha visto esa demora justificable ni por el rendimiento del magistrado ni por la carga de trabajo, ya que la Sección tiene un ingreso de asuntos que se sitúa por debajo de los indicadores de entrada previstos.
La Inspección detectó que, a fecha de noviembre de 2018, González era ponente de un sumario cuyo juicio se había celebrado el mes de mayo anterior y aún estaba pendiente de sentencia. De las 50 apelaciones pendientes en la Sección, casi la mitad (21) eran suyas y varias de ellas se habían deliberado en 2017.
En los tres últimos años, su rendimiento fue del 63% (en 2016), del 72% (2017) y del 69,5% (2018). En el primer semestre de 2019 aumentó a un 75,5%.
El magistrado estuvo de baja médica entre octubre de 2019 y marzo de este año. Pero el CGPJ ha considerado que, sin perjuicio de la atenuación de la multa (la ha impuesto en el rango mínimo posible), la doctrina del Tribunal Supremo establece que "en la actuación de la Administración de justicia los intereses prioritarios son los de los ciudadanos que demandan la jurisdiccional", de modo que si el juez se encuentra en una situación que le impida desempeñar debidamente su jurisdicción, debe comunicarlo a los órganos de gobierno para que se adopten medidas, lo que González no hizo.
Tampoco se ha estimado como justificación de los retrasos el hecho de que a lo largo de 2018 la Sección se vio inmersa en el sumario de La Manada.
El impacto del 'linchamiento'
La defensa de González alegó que este asunto requirió numerosas resoluciones extensas y de elaboración dificultosa, "siendo un asunto excepcionalmente complejo en todos sus aspectos jurídicos, funcionales, organizativos, sociales, mediáticos".
Añadió que la reacción social que provocó la sentencia de La Manada en abril de 2018 tuvo "una enorme y negativa repercusión sobre los tres magistrados que formaban la Sala y muy especialmente sobre Ricardo González, autor del voto particular, determinando que irremediablemente se vieran sumidos en una gravísima situación de continua preocupación, estrés y desazón que afectó tanto a su ámbito personal y familiar como al profesional".
"Pocos casos han generado un clima semejante de crítica y, como algunas asociaciones judiciales indicaban, 'linchamiento' para el magistrado González y sus compañeros de Sección". Ricardo González, además, tuvo que hacer frente a denuncias interpuestas por particulares y asociaciones.
La defensa aportó informes médicos que reflejan la "intensa presión" sufrida en el ámbito profesional y "soportando una significativa exposición en los medios de comunicación y redes sociales", lo que llegó a provocar una situación de agotamiento físico y mental (surmenage o burnout).
Para el CGPJ, "sin desconocer en modo alguno las dificultades que [el asunto de La Manada] pudo suponer", el enjuiciamiento de una causa con repercusión mediática puede ser una eventualidad a la que cualquier miembro de la carrera judicial está expuesto y para la que hay herramientas, como la solicitud de refuerzos, que en este caso no se pidieron.
De otro lado, la Comisión Disciplinaria ha valorado que el caso de La Manada (2018) no justifica un rendimiento por debajo del módulo durante varios años, incluso anteriores a ese asunto, "y un incumplimiento cotidiano de los plazos para dictar sentencia, superior en meses al legalmente establecido".