El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha activado esta misma mañana la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirma la condena de Joaquim Torra por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central.

En una resolución dictada a última hora de la mañana, el TSJC explica que procede hacer efectiva "desde el día de hoy" la pena de inhabilitación especial impuesta a Torra para el ejercicio de cargos públicos electivos y para el desempeño de funciones de gobierno por tiempo de un año y seis meses.

Por ello, acuerda "requerir personalmente" al condenado "a fin de que se abstenga del ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado, en particular del cargo de president de la Generalitat, así como de obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la condena". También se le requiere para que haga efectiva la multa de 30.000 euros impuesta.

La resolución ha sido notificada al secretario del Gobierno catalán y también al vicepresidente Pere Aragonés "a fin de que resulte activada la sustitución interina" prevista en el Estatuto de Cataluña.

El Tribunal catalán ha acordado, igualmente, dirigir un oficio al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para notificarles tanto la sentencia del Supremo como la resolucuón del TSJC que le da ejecución. Esto se hace porque "quien desempeña el cargo de gobierno afectado por la pena, de presidente de la Generalitat de Cataluña, es elegido por el Parlament de Cataluña de entre sus miembros y tiene la representación ordinaria del Estado en Cataluña", explica.

El TSJC también ha ordenado anotar la condena firme en el Registro Central de Penados "a fin de que la pena de inhabilitación especial impuesta extienda sus efectos ante todas las Administraciones públicas".

Finalmente, la resolución señala que "antes de iniciar los trámites para la liquidación temporal y material de las penas impuestas, procederá escuchar a las partes en audiencia contradictoria" que se celebrará el próximo 5 de octubre. En este acto se oirán las alegaciones de las partes sobre los efectos de la condena en aspectos accesorios como, por ejemplo, el derecho a los privilegios de expresident.