La Sala de Gobierno del Supremo que recibirá este lunes al Rey ha dejado de ser exclusivamente masculina. La magistrada de la Sala Penal Susana Polo, la segunda mujer elegida por sus compañeros para formar parte del órgano de gobierno interno del alto tribunal en sus 108 años de historia, estará hoy entre los miembros de la cúpula de la carrera que dará la bienvenida a Felipe VI en la apertura de un curso judicial en el que está en juego el futuro del rey emérito, Juan Carlos I.
Polo, magistrada del Supremo desde hace sólo dos años y especialista en violencia de género (fue la ponente de la sentencia que condenó por violación a La Manada), romperá una tradición de monopolio de jueces varones en la Sala de Gobierno. Aunque las mujeres empezaron a acceder al Supremo en 2002, solo en dos ocasiones han concurrido con éxito a las elecciones a la Sala de Gobierno: en 2004 lo hizo Milagros Calvo, que fue la primera jueza del alto tribunal, y el pasado noviembre Susana Polo.
Susana Polo./
De los 75 integrantes actuales del Supremo, 16 son mujeres (el 21%) y varias de ellas aspiran en estos momentos a ser elegidas presidentas de Sala: Pilar Teso, en la de lo Contencioso-Administrativo, y Lourdes Arastey y María Luisa Segoviano, en la de lo Social.
Con una estricta limitación de aforo debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, será la primera vez que la solemne ceremonia de apertura del año judicial pueda seguirse en directo online, a través la web www.poderjudicial.es.
Por séptimo año consecutivo, Carlos Lesmes pronunciará el discurso inaugural, mientras que será la primera vez que Dolores Delgado intervenga como fiscal general.
Lesmes lleva despidiéndose de este acto desde septiembre de 2018, ya que el Consejo General del Poder Judicial, que preside junto al Supremo, debió ser renovado en diciembre de ese año.
Aunque no es el mayor retraso que se ha producido en la renovación de las instituciones (el récord lo tiene el Tribunal Constitucional de María Emilia Casas, que estuvo en la presidencia tres años más de lo que debía ser su mandato y a la que el PSOE incluso blindó en el cargo con una reforma legal 'ad hoc'), la interinidad está provocando un funcionamiento a medio gas del CGPJ, para desesperación de los candidatos a numerosas plazas judiciales pendientes de cubrir desde hace meses.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el líder de la oposición, Pablo Casado, han anunciado su presencia en la ceremonia, entre otras autoridades.
El curso judicial que comienza este lunes no estará marcado por la tensión que representó en 2019 el juicio del 'procés', pero la cada vez más extendida judicialización de la vida pública ha residenciado en los tribunales la toma de decisiones que marcarán el devenir político e institucional.
El alto tribunal deberá afrontar en los próximos meses decenas de procedimientos relativos a la gestión de la crisis del coronavirus por el Gobierno, residenciados en las Sala de lo Contencioso-Administativo y de lo Penal.
Esta última tendrá que decidir asuntos de gran calado, como las querellas interpuesta contra el rey emérito por la presunta ocultación de patrimonio en el extranjero; el recurso contra la condena a inhabilitación del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra; la impugnación por la Fiscalía del tercer grado concedido a los condenados por el proceso soberanista catalán; la revisión de las condenas del caso Gürtel, la exposición razonada contra el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés o la causa del procés en lo relativo a Carles Puigdemont.