El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha defendido esta tarde ante la jueza Carmen Rodríguez -Medel que actuó "con arreglo a la ley" al no prohibir la masiva manifestación del Día de la Mujer ni otras concentraciones celebradas a principios de marzo, antes del estado de alarma.
"Mi actuación ha sido con arreglo a la ley y a lo que se sabía en ese momento", ha dicho tras declarar como investigad durante una hora y media.
Sin omitir una cierta crítica a la existencia del procedimiento judicial ("lamento que hoy no estemos hablando de la salida de la crisis y que tengamos que hablar de este tema"), Franco ha señalado que "no me considero responsable en absoluto" del delito de prevaricación que se le atribuye por no haber prohibido la manifestación del 8-M.
"No había nada que me llevara a prohibir un derecho fundamental como es una manifestación", ha señalado el primer cargo público relacionado con el Ejecutivo que es investigado en un proceso penal en relación al Covid-19.
Franco, asistido por la abogada del Estadol Rosa Seoane, ha sostenido ante la jueza que "no está acreditado que se produjeran contagios" en la manifestación del 8-M. "La Delegación del Gobierno hizo lo que marcaba la ley y lo que los expertos sanitarios nos dijeron en ese momento que se tenía que hacer".
Ha añadido que a primeros de marzo "no había ni ningún elemento ni recomendación" sobre la conveniencia de cancelar eventos masivos.
Preguntado si cree, como sostiene la Abogacía del Estado en sus escritos, que la jueza está instruyendo una causa general el delegado del Gobierno ha dicho que "me gusta ser cauto, no puedo manifestar mi opinión, que la tengo, sobre una causa general. Tengo enorme respeto a la Guardia Civil y a la Justicia. Desde el enorme respeto que tengo a la Guardia Civil no puedo estar de acuerdo con el informe que han hecho".