A 48 horas de que el delegado del Gobierno en Madrid tenga que comparecer como investigado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito en el que insta el archivo de las diligencias porque José Manuel Franco "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias" al no prohibir la manifestación del 8-M.
La Abogacía del Estado descalifica de forma contundente los informes incriminatorios elaborados por la Guardia Civil, a la que acusa de "hacer literatura".
Hay una "total ausencia de fiabilidad y credibilidad" de los atestados de la Policía Judicial, que realiza "una exposición reduccionista e incompleta" de los hechos, incurre en omisiones e "imprecisiones esenciales" y hace "lecturas sesgadas y parciales", afirma en el escrito, presentado el lunes.
La propia Rodríguez-Medel es objeto también de crítica porque su instrucción tiene por objeto "no investigar indicios de delito, sino encontrarlos" en una "búsqueda voraz" en la que no ha respetado la suspensión de los procedimientos judiciales impuesta hasta el pasado viernes por el estado de alarma.
El procedimiento "nació con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria y ello ha quedado patente en los informes de la Policía Judicial, en par-ticular en el segundo de ellos", denuncia la defensa del delegado del Gobierno, que critica que, "desbordando" el objeto de las diligencias, la Guardia Civil busque datos contra "quien no tiene la condición de investigado", en referencia al doctor Fernando Simón.
Sospechas contra Simón
En este sentido, afirma que los agentes han "suplantado" a la instructora decidiendo "de forma autónoma" dirigirse al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para reclamar a Simón documentos. El director del CCAES entregó lo solicitado, haciendo la salvedad de que enviaría posteriormente cualquier documento que hasta entonces no se hubiera localizado. "Craso error", dice la Abogacía del Estado, "la prudencia del titular de un órgano administrativo es para la Policía Judicial sinónimo de ocultación y sospecha".
Se refiere, a este respecto, al informe emitido el 2 de marzo por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), en el que alertaba de que el Covid-19 es una enfermedad "altamente contagiosa" y recomendaba a los países evitar "reuniones masivas innecesarias".
"Es inadmisible que se siempre la duda o sospecha de ocultación de este informe por el CCAES" cuando su contenido es de libre acceso en la web oficial del Centro Europeo, se queja la Abogacía del Estado.
En la misma línea, critica que la Guardia Civil se base en una noticia de prensa sobre la existencia de un "informe fantasma" para sugerir que Simón ha ocultado un documento del CCAES de 10 de febrero en el que daba datos sobre la gravedad de la epidemia a tenor de lo sucedido en otros países.
"Apartándonos de la literatura tanto de la fuente como del informe, el hecho objetivo y público es que el informe técnico de 10 de febrero de 2020 está y ha estado siempre en la web del Ministerio, siempre ha estado accesible para su consulta", señala.
Critica igualmente que la Guardia Civil haya cercenado informes relevantes como el del ECDC, que hablaba ya a principios de marzo de la conveniencia de tomar medidas de distanciamiento social, evitando "reuniones masivas innecesarias".
"El informe de la Policía Judicial recoge ese párrafo, pero no continúa la lectura del documento", que indicaba que en los escenarios 1 y 2 (el 2 de marzo España estaba en el escenario 1) la cancelación de las reuniones masivas "puede estar justificada en casos excepcionales, por ejemplo, grandes conferencias con un número importante de participantes de una zona afectada", decía el Centro Europeo.
Este dato es "muy relevante" para la Abogacía del Estado, porque es el que explica que, a diferencia del 8-M, el ministro Illa y Fernando Simón instaran la desconvocatoria de una reunión de la Iglesia Evangélica en la que iban a participar personas provenientes de focos de contagio.
El cambio del 9-M
"Nada tiene que ver" la cancelación de ese evento con la celebración del 8-M ni tampoco con la desconvocatoria de concentraciones con posterioridad al 9-M.
El 9 de marzo "supuso el cambio de escenario epidemiológico" y, en consecuencia, de las medidas recomendadas a partir de ese momento, sostiene el escrito. El 8-M los casos de Covid-19 confirmados en Madrid fueron 28. Un día después ascendieron a 234 y el 10 de marzo ya eran 346.
"Ni las autoridades sanitarias sabían hasta el día 9 cuál era la situación real en Madrid, lo que hubiera permitido una distinta evaluación del riesgo, cuanto menos lo podía conocer José Manuel Franco, que no ostenta competencia sanitaria alguna", señala.
Si el delegado del Gobierno hubiera ido "más allá" de sus competencias y hubiera indagado en los documentos técnicos "habría llegado a la misma conclusión: ni la Comunidad de Madrid ni el CCAES y el Ministerio de Sanidad ni el ECDC recomendaban la cancelación de eventos multitudinarios en Escenario 1, salvo circunstancias especiales que no se daban en las manifestaciones" del Día de la Mujer.
"Franco actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias y según la información disponible en aquellas fechas", concluye la Abogacía del Estado.