El exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el archivo de las diligencias en las que se investigan supuestas irregularidades en la gestión del Campus de la Justicia, después de que el delegado instructor del procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas haya determinado la "inexistencia de supuestos constitutivos" de responsabilidad por alcance (gastos o deudas injustificadas que hayan menoscabado del erario público).

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La Audiencia Nacional investiga desde hace más de un año al ex alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre, al arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños, el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras, por presuntos delitos de malversación y prevaricación, entre otros.

El Campus de la Justicia, un proyecto estrella de Aguirre iniciado en 2004 y que acabó siendo abandonado tras desarrollar un volumen de contratación de 355,6 millones de euros, fue objeto de una denuncia de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en la Fiscalía, lo que dio origen del proceso judicial. 

Ahora, a la vista de las conclusiones plasmadas en la liquidación provisional elaborada por el instructor del Tribunal de Cuentas, Prada ha anunciado que "sopesa ejercer acciones legales" contra Cifuentes.

El Tribunal de Cuentas investiga desde octubre de 2018 la gestión del Campus de la Justicia. El delegado instructor, cuyas conclusiones tienen que ser analizadas por la consejera Margarita Mariscal de Gante, afirma en su liquidación que "cabe afirmar con carácter general la realidad material de las causas de los pagos y de la ejecución de las prestaciones contratadas".

Añade que, si bien se ha comprobado "la defectuosa llevanza del registro documental y de la propia contabilidad", desde la Ley General Presupuestaria de noviembre de 2003 la falta de presentación de la cuenta general desapareció como ilícito, por lo que esas deficiencias no pueden ser generadoras de responsabilidad.

Se ha detectado, asimismo, la existencia de algunos gastos respecto a los que no consta o no ha sido posible localizar documentación acreditativa de su ejecución material. Pero el instructor llama la atención sobre la antigüedad de unos hechos que se produjeron hace más de quince años.

El instructor indica que el esfuerzo financiero que se dedicó a un macroproyecto que contemplaba la construcción de 12 edificios judiciales unidos por un túnel subterráneo se vio afectado por la crisis económica internacional "que en España tuvo una muy especial incidencia en el sector inmobiliario". Después, y "no obstante los variados intentos", no llegó a cuajar la continuación de la iniciativa con aportación financiera desde el sector privado.

"Toda la presente liquidación pone de manifiesto la ausencia de certeza de que haya podido producirse un daño material por la inexistencia de prestaciones en correspondencia con los pagos", señala el instructor.

Por ello, añade, no cabe apreciar "indicios suficientes para la concurrencia del elemento material de daño a los caudales públicos que exige el concepto legal y jurisprudencial de alcance".