El Tribunal Constitucional, uno de los órganos jurisdiccionales de más reciente creación (comenzó a funcionar en febrero de 1980), no marcha con el signo de los tiempos, al menos en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. El portal de transparencia del TC acaba de dar cuenta de que la institución imprime una media anual de 1,7 millones de fotocopias, una actividad en la que en los últimos cuatro años se ha gastado un total de 121.500 euros.
Los datos facilitados indican que, además, la tendencia a copiar documentos en papel es creciente. En 2016 el número de fotocopias realizadas ascendió a 1.584.210, con un coste de 26.366 euros.
En 2017 la cifra aumentó a 1.665.892 y las fotocopias costaron 26.715 euros.
Al año siguiente volvieron a crecer las fotocopias y el gasto: 1.753.216 folios y 33.582 euros.
En lo que llevamos de 2019, se han hecho 1.873.924 fotocopias y el gasto ha ascendido a 34.836 euros.
Los magistrados del Tribunal Constitucional suelen trabajar en papel y, de hecho, en las reuniones debaten con los documentos impresos. Dado el volumen de asuntos que maneja el tribunal (sólo en 2018 recibió 6.977 casos nuevos) y la extensión que cada uno de ellos tiene, esa práctica conlleva el uso de una cantidad ingente de papel.
A diferencia de otros tribunales como la Sala Civil del Supremo, cuyos magistrados deliberan con ordenadores y una gran pantalla en la que proyectan el expediente digitalizado, el TC no ha incorporado muchas de las nuevas tecnologías y ni siquiera dispone de un sistema similar a Lexnet que le permita realizar las notificaciones de forma telemática. Como mucho, el Constitucional anticipa las resoluciones por correo electrónico.
La respuesta dada en el Portal de Transparecencia es, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, sumamente parca. "El proceso de implantación de las tecnologías de la información iniciado al final de los años ochenta prosigue en la actualidad con la incorporación de sucesivas mejoras", afirma, sin más especificaciones.