El periodista Alejandro Suárez, propietario del sitio web Moncloa.com, que viene publicando desde septiembre de 2018 audios grabados subrepticiamente por el comisario José Manuel Villarejo, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que le levante la condición de investigado por un presunto delito de extorsión.
La misma petición ha formulado el responsable de relaciones institucionales del medio, Ricardo Ducazcal, que, al igual que Suárez, fue llamado a declarar el pasado martes después de que el instructor decidiera abrir una nueva pieza del caso Tándem, la número 19, para investigar los indicios de que las grabaciones e informaciones de las que dispone Moncloa.com habrían sido utilizadas para conseguir de grandes empresas y bancos la firma de contratos de publicidad.
Durante la comparecencia del martes, Suárez y Ducazcal fueron preguntados por el juez y los fiscales anticorrupción sobre si se habían entrevistado (o intentado entrevistar) con representantes de ACS, Iberdrola y BBVA para informarles del material elaborado por Villarejo que el medio tiene en su poder y que podía afectarles, y sugerirles lo beneficioso que sería insertar publicidad en el web.
Ambos negaron la supuesta extorsión y mantuvieron que las relaciones con las empresas que se anuncian en Moncloa.com es puramente comercial y profesional.
En un escrito presentado tras las declaraciones por el defensor de ambos periodistas, Miguel Durán, se pide a García-Castellón que les exonere. "Seguimos sin comprender la condición de 'investigados' de nuestros representados, personas que sólo están cumpliendo con sus deberes empresariales y profesionales y que, en buena medida, le están aportando al Juzgado, mediante la labor periodística que llevan a cabo, mucho material adecuado para profundizar en la investigación de lo que, a todas luces, sí apunta a actuaciones delictivas", afirma el escrito en referencia a las actuaciones que Villarejo habría realizado para las empresas investigadas en el caso Tándem.
Prohibición inmotivada
El defensor critica también la prohibición de publicar el material que posee Moncloa.com. "Ninguna motivación se contiene sobre tal prohibición, entendiendo por esta defensa que, más bien, vendría a ser una 'censura previa' que quiere mantener el Juzgado" y ello pese al "deber de mis representados de informar a sus lectores y a la sociedad española acerca de hechos de indudable interés público, que -entendemos- no existe razón alguna para hurtarles, sustraerles o ser censurados por el poder del Estado, pues la información es un bien colectivo que beneficia a su sociedad al hacerla más libre y plural".
El letrado solicita al instructor que, sin perjuicio del secreto de las diligencias, informe a los investigados de "cuáles son los indicios que hayan podido servir de base para que se encuentren en esta situación".