El pleno del Tribunal Constitucional ha avisado este martes, por cuarta vez, a Roger Torrent de que puede estar incurriendo en "responsabilidades, incluida la penal" si no cumple con su "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa" que suponga proseguir con el proceso soberanista unilateral.
Lo ha hecho al mismo tiempo que admitía a trámite el incidente de ejecución promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la decisión adoptada el pasado 29 de octubre por la Mesa del Parlament de tramitar una moción de la CUP para que la Cámara catalana exprese "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán"
La moción de la CUP fue aprobada a las 10.06 horas de este miércoles con 61 votos favorables de JxCat, ERC y la CUP y 8 abstenciones de En Comú Podem. Los diputados del PSC y del PP presentes no votaron y los parlamentarios de Ciudadanos abandonaron el hemiciclo antes de la votación.
El debate y votación de la moción -claramente contraria a reiteradas resoluciones del TC- se produjo pese a que los portavoces de C's, PSC y PP pidieron, infructuosamente, un dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara catalana.
La oposición también criticó que Torrent adelantara la celebración del pleno de la Cámara y el debate de la moción de la CUP, lo que le permitió burlar la más que previsible suspensión del TC.
El Constitucional, a su vez, anticipó media hora su reunión ordinaria. Según fuentes del TC, la suspensión de la tramitación de la moción de la CUP fue comunicada a los servicios jurídicos del Parlament mediante un correo electrónico emitido a las 9.55 horas. No consta en qué momento fue abierto el mail, pero las fuentes consultadas restan trascendencia al juego de las horas porque consideran que Torrent no puede escudarse en que no le constaba una "suspensión específica" de la tramitación de la moción de la CUP: tenía ya tres advertencias personales anteriores para bloquear "cualquier iniciativa" que suponga burlar al TC.
El TC tiene encima de la mesa tres peticiones del Gobierno de la nación para que deduzca testimonio contra Torrent por un presunto delito de desobediencia al aceptar la consideración de iniciativas soberanistas y se propone tomar una decisión cuando dicte sentencia sobre el primer incidente de ejecución que termine de tramitarse. "Antes de que acabe el año", aseguran las fuentes consultadas.
La tramitación avanza a buen ritmo porque el presidente del TC, Juan José González Rivas, no quiere demoras indebidas. Este mismo martes el pleno del tribunal ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por el Parlament contra la admisión a trámite de los incidentes de ejecución promovidos el pasado 31 de octubre y se ha aceptado la personación de varios parlamentarios.
La fiscal general, María José Segarra, ha tomado este martes posición ordenando al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, la apertura de unas diligencias de investigación para determinar si es procedente exigir responsabilidades penales a Torrent y a los demás miembros de la Mesa del Parlament o altos funcionarios de la Cámara que hayan desoído las suspensiones acordadas por el Constitucional.
No todos quieren verse atrapados en la tela de araña que supone ignorar al TC: los servicios jurídicos del Parlament han ordenado este mismo martes que la moción de la CUP aprobada por la mañana no se publique en el boletín oficial de la Cámara. También ha sido paralizada la tramitación de la propuesta de resolución en la que se reitera "la defensa del derecho de autodeterminación" y la "reprobación de la monarquía", suspendida por el TC el pasado día 6.