Jaime Botín, expresidente de Bankinter y hermano menor del fallecido Emilio Botín, se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados para responder la acusación de haber intentado sacar de España Cabeza de mujer joven, pintada por Picasso en 1906 y valorada en 26,2 millones de euros, tras no haber obtenido la autorización administrativa necesaria para exportarla legalmente a Londres.
Tras un proceso penal iniciado en julio de 2015, Botín, de 83 años, ha preferido el banquillo antes que intentar un pacto. La apuesta es arriesgada porque se enfrenta a una petición del fiscal César Estirado de cuatro años de prisión y 100 millones de euros de multa por un delito de contrabando de bienes culturales. La abogada del Estado Elena Sáenz es más dura: insta una multa mayor, 104,8 millones de euros, además de los cuatro años de cárcel.
Jaime Botín ha declarado durante cerca de una hora en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, llena de periodistas y vacía de público. Lo ha hecho tranquilo y con ganas de explicarse, pero a veces de forma contradictoria, hasta el punto de que las acusaciones creen que ha apuntalado sus tesis.
Botín ha afirmado que sabía que la autorización de exportación de una obra era el documento "esencial, el más importante" y que encargó su obtención a Christie's tras llegar con esta galería a un acuerdo para subastar Cabeza de mujer joven en Londres en febrero de 2013.
Pero la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del patrimonio histórico español, adscrita al Ministerio de Cultura, declaró -por unanimidad- el 13 de diciembre de 2012 la inexportabilidad del cuadro "por no existir obra semejante en territorio español, siendo una de las pocas obras de Picasso en el período Gósol, etapa en la que se ve influenciado por la plástica del arte ibérico, con influencia decisiva en el cubismo y en la evolución posterior de la pintura en el siglo XX". Acogiendo el criterio del órgano consultivo, el Ministerio de Cultura denegó en diciembre de 2012 la autorización administrativa para que la tela viajara a Londres.
En 2015, según las acusaciones, Jaime Botín, con la finalidad de "sacar el cuadro ilícitamente de nuestro país", dio instrucciones al capitán del yate de su propiedad Adix para que lo trasladara a Córcega, desde donde debía embarcar en un avión con destino al Freeport de Ginebra (Suiza). Los servicios aduaneros franceses, al tener conocimiento de que el acusado estaba tramitando el permiso de salida del vuelo con un cuadro, inspeccionaron la goleta, localizaron Cabeza de mujer joven embalado en la cabina del comandante, lo intervinieron y lo entregaron a la Guardia Civil.
"Nunca estuvo en España"
Botín admitió que, tras tener conocimiento del dictamen adverso de la Junta de Exportación, presentó un escrito desistiendo de la petición de autorización, "intentando darla por no hecha", ha dicho en el juicio. De forma contradictoria con la inicial petición de autorización para exportar el cuadro, el banquero sostuvo que la obra de Picasso "estaba en el barco [que es de pabellón británico] y nunca estuvo en España" salvo en tres ocasiones: cuando lo compró en 1977 "porque quería hacerle un marco mejor"; para la boda de su hija en 2003, "que estuvo unos meses en mi finca de Ciudad Real", y en diciembre de 2013, cuando "mandé a buscar el cuadro a Valencia y lo llevé a Christie's [en Madrid] para que lo fotografiaran". Luego volvió al Adix, "que era un lugar muy indicado porque era como mi segunda casa".
Jaime Botín manifestó que le pidió al capitán que "tuviera cuidado" con el cuadro porque en los primeros meses de 2015 habían aparecido noticias en los medios de comunicación informando de que en el Adix viajaban obras de arte, "entre ellas un picasso de gran valor". "Si eso llegaba a ser conocido por alguna organización delictiva dedicada al robo de obras de arte....Mandé hacer una caja a medida para poder tener el cuadro a buen recaudo en el camarote del capitán", dijo el acusado, que añadió que la finalidad de llevarlo al almacén de obras de arte de Ginebra no era burlar la falta de autorización de exportación sino que "quería que el cuadro quedara guardado en un sitio seguro".
Tanta preocupación por la protección de la obra quedó en entredicho cuando Estirado le preguntó si el picasso estaba asegurado. "No", respondió Botín.
A preguntas de su defensor, Javier Gómez Bermúdez, el banquero explicó que canceló el traslado a Suiza porque las autoridades francesas "nos exigían un alto impuesto como si fuera una exportación, y no lo era".
También manifestó que en la finca de Ciudad Real hay un aeródromo privado "del que pueden despegar aviones sin control", según dijo el defensor, que quería poner de manifiesto que su cliente tenía a su disposición muchas vías para sacar el cuadro de España si ése hubiera sido su deseo.
En la fase de cuestiones previas, Gómez Bermúdez desplegó una batería de "irregularidades" que, según anunció la magistrada, serán resueltas en la sentencia. El defensor habló de "causa prefabricada" y de la incautación "ilegal" del picasso en Córcega.
Sostuvo que, pese a estar ya abierto el proceso penal, la Guardia Civil utilizó un convenio administrativo de cooperación en materia aduanera para lograr que Francia interviniera el cuadro. Y todo ello sin autorización del juez instructor, que sólo dictó a posteriori un auto de embargo y aseguramiento de la obra "que no cumplía ninguno de los requisitos legales, porque no tendía a impedir el traslado o enajenamiento: el cuadro ya estaba en poder de las autoridades francesas". La defensa propugnó, por ello, la nulidad de las actuaciones practicadas.