El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, tuvo que pedir "respeto" para las fiscales anticorrupción durante la declaración de un testigo que trabajó para una empresa supuestamente implicada en la financiación ilegal del PP, ante las críticas y protestas de los letrados de la defensa por el tenor del interrogatorio.

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Ocurrió el pasado día 9 durante la comparecencia de Eusebio Martínez de la Casa, expresidente no ejecutivo de la empresa Emfasis Billing & Marketing. Con él comenzaba un intenso calendario de interrogatorios en un momento 'caliente' de la causa debido a las próximas comparecencias de las expresidentas del Gobierno de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.

García-Castellón y las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá están apretando el acelerador porque el caso Púnica se encuentra en su recta final: toda la investigación debe estar terminada, sin prórroga posible, el próximo junio.

Según las fiscales, Emfasis Billing & Marketing fue una de las empresas que habría realizado trabajos electorales para el PP de Madrid en los comicios de 2007 y 2008 pero esos servicios no fueron facturados al partido sino a una asociación afín, Fundescam, "que recibía cada año el importe de la subvención que les concedía fraudulentamente la Comunidad de Madrid", según un escrito presentado por Anticorrupción el pasado agosto proponiendo una reorganización de la causa y apuntando a la existencia de indicios contra Aguirre y Cifuentes.

El testigo, marido de la exconsejera de Empleo Ana Isabel Mariño, comenzó manifestando que él no llevaba el día a día de la compañía porque a finales de 2007 fue fichado para esa tarea un director general, mientras que él se dedicaba a comprar empresas e integrarlas.

"Desconozco si se prestaron servicios al PP y en qué habrían consistido esos servicios", manifestó en varias ocasiones Martínez de la Casa, que explicó la estructura de la compañía y detalló que eran los comerciales los que se ocupaban de los clientes, "más de 500 sólo en marketing".

También dijo que no ha tenido relación profesional ni con Aguirre ni con el exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y que  tampoco ha mantenido contacto alguno con Fundescam.

Pero las fiscales insistían una y otra vez en preguntar por el contenido de los servicios prestados al PP, dando por hecho que se realizaron y que, además, se facturaron a Fundescam, no al partido.

El letrado de la defensa Juan Ramón Montero interrumpió entonces el interrogatorio para "rogar" que las fiscales no hicieran preguntas sugestivas "dando por sentado, como tienen por costumbre, afirmaciones que el testigo ignora".

"Ha contestado ya, efectivamente", indicó el juez a la fiscal García Cerdá. "Yo lo que quiero saber es quién era el responsable de la facturación, si la facturación se pasaba a otra empresa distinta o a una fundación, quién daba la orden de que esto fuese así", reiteró la fiscal, que no se daba por vencida, "porque usted ha dicho que sabía los clientes que tenía Emfasis y que el PP era cliente".

"No", contestó Martínez de la Casa. Se desató un murmullo entre los defensores quejándose de que la fiscal pusiera en boca del testigo lo que éste no había dicho de esa forma. Y el juez estalló: "Señores letrados, no empecemos, por favor, no empecemos", dijo muy serio.

"Voy a tomar medidas, si no. Hasta ahora, durante dos años no he tomado ninguna medida pero las empezaré a tomar", añadió García-Castellón en referencia a los apercibimientos y sanciones que se pueden imponer a los letrados por un comportamiento inadecuado en sala.

"Por tanto", concluyó, "respeto absoluto. Y si hacen alguna manifestación, [que sea] a través de mi persona".

No hubo ninguna bronca más a partir de entonces. La declaración del testigo se prolongó sólo diez minutos más, ya que ninguna defensa consideró necesario preguntar.