Un magistrado destinado en un Juzgado de Menores de Barcelona ha sido sancionado con la multa más alta que permite la normativa disciplinaria de los jueces -6.000 euros- por adoptar un "prolongado y humillante trato vejatorio" hacia una tramitadora procesal después de que ésta rechazara su invitación para ir a comer o a tomar café.

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El juez, de 68 años, "quería crear una complicidad entre los dos", denunció la funcionaria, que era la encargada de transcribir las sentencias. "Me decía que siempre me había tenido una consideración distinta", "que menos mal que no tenía que dictarle [las resoluciones] a nadie más".

Las cosas cambiaron a partir de un día que, estando a solas, el juez le preguntó si quería ir a comer con él. Ella contestó "no, gracias".

"Al poco de ocurrir lo anterior, un día, a la vuelta del desayuno, me hace entrar en su despacho y, a puerta cerrada, me llama la atención sobre el horario". El juez solía empezar a dictar las sentencias a las 14.00 horas, a treinta minutos de la finalización de la jornada de la funcionaria, "y me dice que está harto de que yo le diga que se me hace tarde o me tengo que ir".

En las fechas siguientes el magistrado "constantemente se fija en si estoy en mi mesa o no, preguntando a los compañeros dónde estoy, con un control casi diario hacia mí" y empieza a dirigirse a ella "con faltas de respeto". Al día siguiente, sin embargo, le pedía "que no le tenga en cuenta lo que me dijo el día anterior" o "me invita a una bebida del office", lo que la funcionaria rechaza igualmente.

Portazos y amenazas

La situación estalló varias semanas después, cuando el juez "me dice que no me quiere en el Juzgado, que pida el traslado, que si no lo hago por mí misma él va a hacer todo lo posible para que me vaya. Finalmente me dice que 'me vaya a la mierda'. Cuando le pregunto '¿qué me ha dicho?' vuelve a insultarme diciéndome 'que me vaya a la mierda' de forma muy violenta, y se va dando un tremendo portazo".

"A los cinco minutos, que yo ya estaba en mi mesa, sale el magistrado de su despacho, y a una distancia de unos dos metros de mí, tira el expediente a mi mesa de forma muy agresiva, diciéndome 'subsane este error', quedando el expediente colgando de cualquier forma en una silla, y [tirando al suelo] todo lo que encontró en su paso, bolígrafos, botella de agua... Seguidamente, dirigiéndose a un compañero, le dijo 'que yo era una idiota' en voz alta. Acto seguido volvió a dirigirse a mí, amenazándome con que me va a abrir un expediente disciplinario por falta muy grave y que tendré noticias de él".

La funcionaria acudió al servicio médico de la Ciudad de la Justicia y, tras estar de baja, pidió otro destino y se marchó del Juzgado de Menores, en el que llevaba trabajando desde 2011.

Pero su denuncia no ha caído en saco roto: la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha sancionado al magistrado por abuso de autoridad y falta grave de consideración a un funcionario, acogiendo el criterio del Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde. El teniente fiscal, Luis Navajas, coincidió en la existencia de esa falta disciplinaria pero limitó la petición de sanción a 1.000 euros.

Testigos

Los funcionarios del Juzgado de Menores confirmaron la denuncia de la tramitadora en los hechos presenciados por ellos. Una de las compañeras admitió que cuando llegó a ese destino fue tratada de la misma manera por el magistrado, tras declinar también una invitación a comer, pero no se atrevió a denunciarlo.

El juez, por su parte, reconoció desconsideraciones "en dos momentos puntuales", pero sostuvo que la tramitadora presentó una denuncia "repleta de falsedades e inexactitudes" para "justificar sus deficiencias".

La resolución sancionadora subraya, sin embargo, que "llama la atención" que la funcionaria, que llevaba mucho tiempo en ese destino "sin queja de ningún tipo", "comenzase a ser reprendida de la manera en la que lo fue, años después de su incorporación, coincidiendo todo ello con su negativa a aceptar la invitación a comer que le había hecho el magistrado".

Apoyándose en los testimonios coincidentes de los miembros de la oficina judicial, el CGPJ afirma que el juez incurrió en una "notoria y manifiesta desconsideración" hacia la tramitadora, concretada en un "prolongado y humillante trato vejatorio que se manifestó mediante un continuo estar pendiente de lo que hacía o de dónde se encontraba, hablando mal de ella a otros funcionarios, empleando un tono agresivo cuando se dirigía a ella, llegando incluso a cerrar de golpe, con fuerza, la puerta de su despacho en la cara de la referida funcionaria, a amenazarla con que iba a incoarle un expediente disciplinario, a decirle que 'se fuera a la mierda' o a indicarle que pidiera otro destino pues de lo contrario le haría la vida imposible".

Importe máximo

La resolución justifica la imposición de la multa en su cuantía máxima por "las muy significativas y lacerantes circunstancias concurrentes". Hace referencia a la "entidad objetiva de la desconsideración producida, ciertamente grave y relevante", al origen desencadenante del comportamiento del sancionado, a la "trascendencia de la desconsideración en que se incurrió, con notorio y manifiesto quebranto de la integridad moral de la tramitadora" y a la prolongación del comportamiento.

"En definitiva", concluye, "por propiciar una situación laboral de gran tensión en la oficina judicial, con todo lo que ello supone y representa para la ineludible observancia de derechos fundamentales como el de la dignidad de las personas y su integridad moral, así como para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y el buen orden del Poder Judicial".

Contra la decisión de la Comisión Disciplinaria cabe interponer recursos (potestativo) ante el pleno del CGPJ y ante el Tribunal Supremo.