La titular de Justicia, Dolores Delgado, ha concedido a título póstumo al magistrado catalán Juan Antonio Ramírez Sunyer la cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, instituida para "premiar el mérito a la Justicia y recompensar hechos distinguidos o servicios relevantes en el campo del Derecho".

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Delgado ha otorgado la distinción "en atención a los méritos y circunstancias que concurrieron" en Ramírez, que fue titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde recayó la investigación de los preparativos del referéndum ilegal del 1-O.

Ramírez falleció el pasado 4 de noviembre a los 71 años de edad a consecuencia de la rápida evolución de una enfermedad que le fue diagnosticada el verano anterior. Desde febrero de 2017 investigó de forma concienzuda y tenaz la trama política, de funcionarios de la Generalitat y de empresarios implicada en la celebración de la votación independentista que se realizó pese a estar prohibida por el Tribunal Constitucional.

Su investigación, en estrecha colaboración con la Fiscalía y la Guardia Civil, ha sido clave para desentrañar el procés: no sólo logró la intervención de material que se iba a emplear el 1-O sino que consiguió información esencial sobre las 'estructuras de estado' que el exGobierno de Carles Puigdemont estaba montando para la ruptura unilateral con España

Junta de Jueces

La instrucción de Juan Antonio Ramírez ha resultado, además, muy relevante para el proceso por rebelión juzgado por el Tribunal Supremo. Numerosas pruebas utilizadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado procedían del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Ramírez fue quien el 20 de septiembre de 2017 ordenó registrar el Departamento de Economía de la Generalitat y otras Consejerías, consiguiendo documentación muy relevante sobre el proceso soberanista. También ordenó la detención del segundo escalón de cargos de la Generalitat responsables del procés, que se encuentran investigados.

Miles de separatistas se concentraron en aquellas fecha en la Ciudad de la Justicia y  en las semanas siguientes los radicales realizaron pintadas ofensivas contra el juez Ramírez tanto en su domicilio como cerca de su segunda residencia en El Port de la Selva (Girona), en la Costa Brava. El propietario de esta vivienda decidió no renovar el contrato de alquiler a Ramírez.

La concesión de la cruz de San Raimundo fue solicitada por la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona y ha tenido el apoyo de la Sala de Gobierno de Madrid y de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno reconoce así a un héroe olvidado por muchos ciudadanos, y lo hace un día después de que el presidente Pedro Sánchez alabase públicamente la labor del Tribunal Supremo y también de su presidente, Manuel Marchena, por su labor en el juicio a los cabecillas del procés