El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha acordado imponer a Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del BBVA, la medida cautelar de libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros. Si en 15 días no ingresa esa cantidad en el Juzgado, ingresará en prisión provisional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda esta medida contra Corrochano, investigado en el caso Villarejo o caso Tándem, después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.
Si deposita tal cantidad en el tiempo que le han dado, se quedará con las medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y comparecencias mensuales en el juzgado que él mismo designe por cercanía a su domicilio.
Julio Corrochano estaba citado esta mañana a declarar como investigado en el caso Tándem por la contratación de la empresa de José Manuel Villarejo, Cenyt, para presuntamente espiar ilegalmente a empresarios y asesores del Gobierno de Zapatero para frenar el asalto al BBVA que preparaban miembros de Sacyr, supuestamente, entre finales de 2004 y principios de 2005.
Julio Corrochano era la persona que estaba en contacto con Villarejo para cerrar los contratos con él. Los fiscales anticorrupción quieren saber a quién reportaba, quién le dio la orden de contratarle y si sus superiores sabían que el excomisario utilizaría prácticas ilegales para conseguir información.
Corrochano se ha acogido a su derecho a no declarar, igual que su subordinada, Inés Ochagavía, y otro responsable de Seguridad del banco, Nazario Campo, que también estaban citados como investigados.
Él mismo afirmó, según se escucha en un audio requisado por la Unidad de Asuntos Inernos al comisario Villarejo en su domicilio, que los informes de espionaje de Villarejo encargados por el BBVA y cuyo coste habrían ascendido a más de 10 millones de euros tenían como receptores a Antonio Cano, exconsejero delegado del banco, y al propio Francisco González, presidente del BBVA.