El exconsejero de Esperanza Aguirre Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir, constituyeron una sociedad entre 2012 y 2014 para vehiculizar presuntas comisiones de OHL a cambio de "favores políticos", según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recién incorporado al caso Púnica, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Según los investigadores, Granados y López Madrid habrían participado en la sociedad Bustren PM S.L., constituida en el año 2012, a través de terceras personas o testaferros. El exconsejero habría utilizado a su exjefe de gabinete, Ignacio Palacios, a quien la Guardia Civil no ve claro que beneficiara económicamente por tal mediación. López Madrid habría entrado en el capital de la mercantil a través de la sociedad Noyer Proyectos SL, administrada por su hermana Myriam Leonor López Madrid.
Francisco Granados habría utilizado Bustren para cobrar comisiones por la adjudicación de la obra del tren de Navalcarnero a OHL. Sería "un vehículo corporativo para desviar fondos de manera encubierta desde OHL", sostiene la UCO.
Declaración de Marjaliza
Los agentes de la UCO llegan a tal conclusión a través del análisis de llamadas telefónicas, correos electrónicos y la declaración en sede judicial del empresario David Marjaliza, también imputado.
El confesor de la trama Púnica afirmó ante el juez que "Granados y López Madrid tuvieron una comida en la que hablaron de las adjudicaciones del tren de Navalcarnero y que por esa adjudicación López Madrid debía a Francisco Granados un millón de euros". Preguntado por la Fiscalía, Marjaliza dijo que OHL pagó esa cantidad y que "hicieron una sociedad". "Una sociedad donde estaba Javier de socio, Trabada y Paco".
Según el informe policial, los fondos recibidos en Bustren "pertenecerían a Granados" y la mercantil "sería el vehículo utilizado para el pago de comisiones por la adjudicación al entramado societario de Javier López Madrid de diferentes contratos durante la época en la que Granados estuvo al frente de MINTRA", la sociedad pública Madrid Infraestructuras del Transporte.
El tráfico de los fondos
La Guardia Civil analiza el tráfico de los fondos desde OHL a la sociedad conjunta para que Granados pudiera hacerse con ellos. Sitúa entre los dos extremos a una tercera sociedad, KV, con César Sánchez García y Cristóbal Medina como administradores.
Una tercera persona, Gerardo Jimeno Campo, representante de la sociedad Osmosis que poseía participaciones de KV y la administraba, presentó documentación que acreditaba que su socio, Cesar Sánchez, realizó durante los años 2012 y 2013 operativas con el fin de desviar fondos a Bustren procedentes de OHL.
También expuso que su socio era quien se encargaba de las relaciones mercantiles entre KV y OHL Concesiones y que la primera firmó dos contratos con la empresa de Villar Mir con la condición -impuesta por López Madrid- de colaborar con Bustren.
Así, la Guardia Civil concluye que "estas transferencias serian el vehículo utilizado para introducir fondos de manera encubierta en Bustren por mediación de KV con la finalidad de esconder el verdadero origen: el cobro o pago de comisiones ilegales a cambio de favores políticos".