La detención este jueves en Francia de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, permitirá cerrar judicialmente algunos de los episodios más sangrientos de la historia de ETA y devolver la dignidad a las víctimas de sus asesinatos, sentando en el banquillo a uno de sus presuntos autores. 

La fuga del jefe político y militar de la organización terrorista impidió juzgarle por cuatro procedimientos que aún tiene abiertos en la Audiencia Nacional. Hasta cuatro juzgados distintos habían lanzado órdenes europeas e internacionales de detención contra él que siguen activas.

El juez Santiago Pedraz le reclama por el asesinato, en 1980, del directivo de Michelín Luis María Hergueta Guinea; el juez Ismael Moreno le reclama por el atentado del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987 que se saldó con 11 víctimas, cinco de ellas menores de edad; la jueza María Tardón le reclama para juzgarle por delitos de lesa humanidad por los atentados de ETA cometidos desde 2004, como el de la T-4 del aeropuerto de Barajas o el asesinato del concejal del PSE, Isaías Carrasco; el juez José de la Mata le reclama para juzgarle por el denominado caso Herrikotabernas. En este caso, se le atribuía pertenencia a organización terrorista en el sumario en el que se investigó la financiación de la organización a través de los establecimientos de hostelería denominados herrikotabernas.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 ya ha mandado traducir la Orden Europea de Detención y Entrega que tenía contra él, lo que implica reabrir el sumario de la causa e impedir así su prescripción. Se espera que en los próximos días se traduzcan y reactiven también el resto de órdenes internacionales contra él.

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Condenado en Francia

Según ha informado la juez de enlace de Francia en España, Frederique Porterie, Josu Ternera fue condenado en Francia a una pena de ocho años de prisión entre otros delitos por asociación de malhechores. 

La Justicia francesa permite que se le cite para que el condenado aclare si acepta la condena o no. Si la acepta, iría directamente a prisión en el país vecino. Si no, debería repetirse el juicio contra él. 

En todo caso, la Justicia española puede solicitar su extradición para que sea juzgado por los casos que aún tiene abiertos en España aunque esté cumpliendo la prisión por su condena o prisión preventiva si es que no acepta los hechos por los que se le condenó.