La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha procesado a 30 cargos de la Generalitat, a la cúpula de TV3 y a cinco empresarios por actuaciones de preparación del referéndum ilegal del 1-O. La resolución aprecia indicios de delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación
Entre los procesados están subordinados de los exmiembros del Govern Oriol Junqueras, Jordi Turull y Dolors Bassa y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, que certificó durante meses que no se utilizó dinero público en la consulta independentista suspendida por el Tribunal Constitucional.
También han sido procesados los responsables de la Corporación Catalana de Medios, de TV3 y de Catalunya Radio Nuria LLorach, Vicente Sanchis, Saul Gordillo y Martí Patxot, los cuatro por un presunto delito de desobediencia.
La magistrada, que sucedió en la investigación al fallecido Juan Antonio Ramírez, fija en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum ilegal.
No prestar fianza supondrá el inicio del proceso de averiguación y embargo de bienes suficientes para obtener la garantía necesaria de disponer de la citada cantidad para hacer frente a posibles futuras responsabilidades.
La instructora ha levantado la imputación a 15 investigados, entre los que se encuentran Carles Vives Pi i Sunyer y el juez Santiago Vidal Marsal, cuyas declaraciones dieron lugar al inicio del procedimiento, del que se ha nutrido la causa que ahora se juzga en el Supremo.
Gil considera no es competente para pronunciarse sobre el investigado Lluís Salvadó Tenesa dado que ostenta la condición de aforado.