Cerca de 5.000 abogados recién licenciados están a la espera de conocer la fecha de celebración del conocido como examen de acceso a la abogacía, una prueba convocada todos los años por el Ministerio de Justicia e imprescindible para desempeñar la profesión.
El examen debería celebrarse como muy tarde en marzo, remitiéndonos a años anteriores, lo que permitiría que quienes han acabado la carrera y el máster de acceso a la abogacía opten a contrataciones en los despachos o empresas donde han realizado sus prácticas. Sin embargo, como el departamento de Dolores Delgado todavía no ha puesto fecha a la prueba, la incertidumbre cunde entre miles de jóvenes. Unos, como han denunciado a EL ESPAÑOL, han perdido directamente la oportunidad de empezar a trabajar en empresas donde habían superado procesos de selección al no poder asegurar la fecha en que tendrán el examen aprobado. La mayoría, según han relatado a este diario los propios afectados, ven prolongados sus contratos precarios de prácticas, con sueldos que no llegan a los 500 euros, hasta que realicen la prueba.
En las contadas excepciones en que un despacho ha decidido hacerles un contrato junior incorporan una cláusula (según ha podido comprobar este diario) en la que especifican que "para mantenerse en el puesto será condición sine qua non tener un aprobado en la evaluación para el acceso a la profesión de abogado en menos de seis meses".
Error en el BOE y colapso
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denunció en diciembre que Justicia no hubiera convocado todavía la prueba, exigiendo que lo hiciera cuanto antes. Lo consideraron un "retraso que carece de la más mínima justificación", igual que denunciaron la "disminución de sedes, decidida de forma unilateral por el Ministerio de Justicia, que perjudica los derechos de los aspirantes a abogados y crea una situación de vacío que afecta directamente a todos los operadores jurídicos".
Ante tales exigencias, el Ministerio publicó el pasado 29 de diciembre la convocatoria de la prueba en el BOE, dando 15 días a los aspirantes para que se inscribieran, aunque sin concretar la fecha del examen. Para colmo, el ministerio incurrió en un grave error: la ficha de inscripción que adjuntó a la convocatoria llevaba a los alumnos directamente a la segunda convocatoria del examen, es decir, a la recuperación o reválida.
Error en la convocatoria del examen de acceso a la abogacía publicada en el BOE.
Cuando los aspirantes se dieron cuenta del error, adjuntaron en sus inscripciones escritos redactados por ellos mismos para la Secretaría de Estado de Justicia, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en los que dejaban claro que se trataba de un error de la Administración y que no consideraban que concurrían a la segunda prueba, sino a la primera. Justicia finalmente rectificó y publicó un nuevo anexo el día 9 de enero convocando a un primer examen.
Petición de rectificación de los alumnos
Los afectados denuncian, además, que ha habido un colapso de las sedes donde tuvieron que ir a escribirse las dos primeras semanas de enero. Ante las altas expectativas que había de cara a la publicación de la convocatoria, cuando ésta se hizo pública en el BOE fueron a inscribirse en masa a los registros. El del Ministerio de Justicia, situado en la calle Bolsa de Madrid, literalmente se vio desbordado, con cientos de personas haciendo cola en la puerta, según se quejan.
Según fuentes del CGAE, el año pasado y el anterior se presentaron a la prueba unos 5.000 alumnos, por lo que calculan que este año lo hará el mismo número de personas. Han solicitado el número de aspirantes al Ministerio de Justicia, aunque éste no lo ha trasladado.
Fuentes del Ministerio de Justicia niegan haber generado "un bloqueo" a la prueba. Aseguran que están siguiendo los trámites administrativos dentro de la legalidad, igual que en años anteriores. En los próximos días, según aseguran a EL ESPAÑOL, tienen previsto publicar la segunda parte de la convocatoria en la que se fijará la fecha del examen, previsiblemente entre la última semana de marzo y la primera de abril. Admiten el retraso en la comunicación de la fecha pero lo encuadran dentro de "la normalidad". Afirman que en años anteriores también ha habido ciertos retrasos que también generaron quejas entre los jóvenes abogados.