El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado -después de recibir un informe de la Guardia Civil interesándolo- solicitar a la Agencia Tributaria y a distintos bancos información financiera sobre personas físicas y jurídicas que habrían facilitado la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño, en concreto la campaña electoral del 2011 de Esperanza Aguirre, a través de la Agencia Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM).
García Castellón libra distintos mandamientos judiciales para que se envíe información a la Policía Judicial sobre operaciones realizadas entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Solicita, en concreto, información sobre los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría, sobre este último pide detalles sobre sus sociedades, partícipes, operaciones en efectivo y con cheque bancario así como sobre alquiler de cajas de seguridad.
En enero de este año, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó unir en una misma pieza la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño en los marcos de los casos Púnica y Lezo. Es decir, la que se hubiera producido cuando Francisco Granados e Ignacio González eran secretarios generales de dicho partido a nivel regional.
El juez vio entonces indicios de que en ambas campañas se habría recurrido a mecanismos de financiación ilegal que describió así: "eludiendo la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid, abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, sirviéndose del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales". Pagos que, según la investigación, se canalizaban a través de distintas empresas instrumentales vinculadas a empresarios investigados como Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría y José Miguel Alonso Gómez.
Campaña de Aguirre con González al frente
Precisamente sobre estos dos últimos empresarios, sus compañías y la compañía Indra pide ahora información el juez García Castellón, lo que supondría un impulso a la investigación que lleva frenada desde enero.
Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil que motiva las actuaciones solicitadas por el instructor se centran en la etapa en la que Ignacio González era el secretario general del Partido Popular madrileño.
Además de los informes detallados sobre Madoz Echevarría y Alonso Gómez, el juez pide información de distintas cuentas bancarias entre el 2010 y el 2014 a Banca March, Banco Popular, Caixa Bank, Bankinter y Banco de Santander; información sobre las sociedades Pamaz SL, Swat SL, Strat Map SL, The Cell Core SL, Formasellect Consulting SL, Demometrica Investigación de Mercados y Opinion Pública SL y Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE). Asimismo, el juez también solicita la información sobre las relaciones comerciales entre Indra Sistemas SA y todas estas sociedades.