La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido a la Sección de Enjuiciamiento que inicie unas diligencias preliminares para investigar la responsabilidad contable en la que hayan podido incurrir el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros por autorizar gastos relacionados con la celebración ilegal del referéndum independentista del 1-O, prohibido por el Tribunal Constitucional.

En un escrito de 38 folios que se basa en la documentación recopilada por el Ministerio de Hacienda y en la investigación judicial del 1-O, la Fiscalía consigna gastos relacionados con esa consulta ilegal por un importe que ronda los 8 millones de euros, aunque hay varias partidas aún por cuantificar. Ello no significa que esa vaya a ser la cantidad finalmente reclamada, señalaron fuentes del Tribunal de Cuentas, dado que ahora comenzará una investigación que controlará la consejera designada a propuesta del PP Margarita Mariscal de Gante.

La denuncia se dirige contra Puigdemont y todos los que fueron miembros de su gobierno, incluidos los que cesaron tres meses antes del referéndum ilegal: Neus Munté (presidencia y portavocía), Jordi Jané (Interior), Jordi Baiget (Empresa) y Meritxell Ruiz (Enseñanza).

Puigdemont y sus exconsejeros se enfrentan, así, a la misma situación que ya ha sufrido su antecesor en la presidencia del Gobierno catalán. El pasado noviembre el Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al erario público 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta soberanista del 9-N, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas embargó a los tres sus viviendas y otros bienes para hacer frente a las responsabilidades contables establecidas.