El Ayuntamiento de Madrid no incluye en su proyecto de bajas emisiones Madrid Central las zonas más contaminadas de la ciudad, según denuncia la Comunidad de Madrid, que ha presentado un recurso administrativo contra el plan argumentando que carece, además, de los trámites e informes previos obligatorios.
Esas zonas, que el propio ayuntamiento de Manuela Carmena incluyó en un informe de calidad del aire el año pasado, se sitúan alrededor de la plaza Fernández Ladreda, al sur de la ciudad, y el barrio de Ibiza, entre los hospitales Niño Jesús y Gregorio Marañón.
Según dicho documento mencionado por el Gobierno madrileño, en los años 2015, 2016 y 2017 se registraron 58, 56 y 59 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno y 58, 57 y 62, respectivamente, en ambas zonas. Además, según el recurso presentado contra Madrid Central, el número de valores horarios mayores de 200 microgramos por metro cúbico no se supera en las dos estaciones ubicadas en los límites marcados por Carmena, pero sí entre cuatro y ocho estaciones de medidas ubicadas fuera del proyecto de bajas emisiones.
Los motivos del recurso
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se encargará de tramitar el recurso de la Comunidad contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible que aprobó el pasado 5 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, además de solicitar la suspensión cautelar de la entrada en funcionamiento de la prohibición de circular por el centro de la ciudad a todos los vehículos que no sean eléctricos o cero emisiones, una medida que entraría en vigor el 30 de noviembre.
Los días 28 y 29 de noviembre, un día antes de la fecha prevista para el cierre del tráfico al centro de la capital, los tribunales decidirán si lo paralizan como pide el presidente madrileño Ángel Garrido.
Según ha argumentado él mismo este miércoles en rueda de prensa, para que el plan salga adelante debería contar con los informes de distintos órganos competentes en materia de transportes y accesibilidad a los que el ayuntamiento no sólo no ha pedido opinión, sino que ni siquiera ha presentado los detalles del plan.
Entre esos órganos se encuentra el Consorcio Regional de Transportes, encargado del refuerzo de trenes para hacer frente al aluvión de personas que tendrán que utilizar el transporte público cuando se cierre el tráfico a los automóviles diésel y gasolina.
La falta de trámites e informes previos es uno de los motivos que pueden ser determinantes para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se incline por echar para atrás el plan de Carmena.
'Costes' para los madrileños
La Comunidad de Madrid también alude a otros motivos en su recurso, como que no se haya hecho un informe sobre el coste que tendrá para los ciudadanos renovar sus automóviles para poder acceder a la almendra de la ciudad (sobre todo los transportistas o comerciantes que no tengan más remedio); o que el equipo de Ahora Madrid tampoco haya estudiado el impacto que tendrá la Ordenanza respecto a las personas con movilidad reducida, sea positivo o negativo.
Respecto a este punto, según la Comunidad de Madrid, tampoco se ha presentado ningún informe de impacto "en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, movilidad reducida, menores de edad, personas de edad avanzada o dependientes".