El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha abierto una nueva pieza secreta en el marco del caso Tándem (caso Villarejo) en el que investiga si el Ministerio de Interior -en la etapa de Jorge Fernández Díaz- sobornó al chófer de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, con dinero de los fondos reservados para que localizara pruebas comprometedoras contra María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría o Javier Arenas.
Según una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos presentada al juez De Egea, Interior habría pagado 2.000 euros al mes de dinero público a Sergio Ríos Esgueva, conductor de Bárcenas y su familia, para que recuperara documentos en manos del extesorero del PP que comprometerían a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría o el exsecretario general del PP andaluz, Javier Arenas, según ha adelantado este jueves Okdiario.
Según los informes a los que se refiere este diario y que ya están en manos del juez, el Gobierno de Rajoy habría recurrido a los excomisarios investigados, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, para que realizaran este trabajo extraoficial al margen de los mandos policiales.
Cosidó se desentiende
El director general de la Policía en el momento en que se habría encargado esta operación a Villarejo ha negado este jueves en declaraciones a los medios que la conociera, y ha afirmado que la Policía realiza un "excelente trabajo" y les ha transmitido su apoyo para que sigan "hasta el final" con esta investigación.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han desarrollado dicha investigación a raíz de documentos y facturas encontradas en los registros del domicilio y empresas de Villarejo.
Además de la declaración de Villarejo, para que explique cuál fue el encargo que le hicieron y quién se lo hizo, se hace casi imprescindible que el juez llame a declarar a los dirigentes de Interior en aquél momento para saber de quién fue responsabilidad. Los informes apuntan directamente al exministro Jorge Fernández-Díaz, por lo que el instructor podría citarle a declarar.