Pablo Crespo, el número dos de las empresas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, ya sostuvo en sede judicial en 2016 que desde el despacho del exministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se impulsó una operación "con policías amigos y gente de su confianza" contra los miembros de la trama de corrupción antes de que el caso saltara a los tribunales.
Crespo dijo a la fiscal que alguien (a quien no delató) le contó que en dicha operación policial "se involucraba al señor Correa por su relación con el yerno del señor Aznar" y de ahí que se negara a hablar con su entonces jefe por teléfono porque tenía sospechas de que les estaban espiando.
Unas palabras que repitió en entrevistas televisivas y de prensa escrita y a las que nadie dio credibilidad. Ahora, los audios de la comida con el exjuez Baltasar Garzón y la ministra Dolores Delgado que fueron grabados por Villarejo en 2009 a escondidas, coinciden con lo que sostuvo Crespo y confirman su versión.
Pablo Crespo durante el juicio de Gürtel Época I
La revelación de Villarejo
En dicha comida, cuando Garzón y Delgado abandonaron la mesa, el excomisario ahora investigado por presuntos delitos de organización ilegal, cohecho y blanqueo de capitales, contó al resto de comensales (los comisarios Enrique García-Castaño, Gabriel Fuentes y el Director Adjunto Operativo de la Policía fallecido, Miguel Ángel Fernández Chico) que él mismo preparó la operación Gürtel con Garzón y el policía de confianza de Rubalcaba, Juan Antonio González, entonces comisario general de Policía Judicial.
En dicha conversación cuyos audios ha difundido el medio Moncloa.com, el excomisario cuenta que "en 2008, en agosto" hubo una comida a la que asistieron "Balta, Juan Antonio, el Oli y yo". El diminutivo 'Balta' con el que Villarejo se refiere a Baltasar Garzón refleja la estrecha confianza que ambos llegaron a tener.
Villarejo asegura que preparó el caso Gürtel con Garzón y el policía de confianza de Rubalcaba
"Oli" era el comisario José Luis Olivera, que en aquel momento era responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), puesta en marcha en 2005 por Juan Antonio González.
Si dicha afirmación fuera cierta, el juez que comenzó a instruir el caso, Baltasar Garzón, y las personas de máxima confianza del ministro de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, habrían cocinado la operación antes de que el asunto se judicializara el 6 de agosto de 2008. Aquel día, Garzón incoó las primeras diligencias después de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que partió de horas de grabaciones que el concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, realizó de manera subrepticia a Correa. A partir de ahí, con la investigación declarada secreta, el juez comenzó a pinchar teléfonos de los investigados, un asunto que le costó una condena del Supremo, que le inhabilitó para 11 años.