PP y Ciudadanos tratarán de parar este jueves en la mesa de la Comisión de Justicia -previsiblemente sin éxito, ya que no tienen mayoría en este órgano- la enmienda introducida por sorpresa por el PSOE para modificar la ley de estabilidad presupuestaria de forma que el Senado no pueda rechazar los Presupuestos que quiere presentar Pedro Sánchez para 2019.

El PSOE persigue con esa enmienda burlar el bloqueo aplicado por PP y Cs en la Mesa del Congreso -donde sí tienen mayoría- a una proposición específicamente destinada a suprimir el veto del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que presente el Gobierno.

El problema ha surgido porque la enmienda de modificación de la ley de estabilidad presupuestaria se ha introducido, en el último minuto del trámite, en una proposición de ley que tiene un objeto muy diverso: reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear una especialización de jueces en materia de violencia de género, una de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra esa lacra.

El Gobierno recurre a un atajo para eliminar la capacidad de veto del PP en el Senado

En un escrito de 20 folios dirigido a la mesa de la Comisión de Justicia este miércoles, el PP sostiene que la enmienda es "ajena al contenido" de la proposición de ley sobre el Poder Judicial y "carece de la necesaria homogeneidad y conexión material con las medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género".

Esa homogeneidad entre enmiendas e iniciativa legislativa es exigida en la doctrina del Tribunal Constitucional. El escrito del PP cita cuatro resoluciones en las que el TC ha subrayado que "una vez que una iniciativa legislativa es aceptada por la Cámara o Asamblea Legislativa como objeto de deliberación, no cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado" ya que "el derecho de enmienda al articulado puede desnaturalizar la oportunidad, principios o espíritu del proyecto o proposición de ley, una vez superado el debate de las enmiendas a la totalidad".

"Es inaceptable que mediante las enmiendas al articulado se admita la alteración del contenido esencial de la iniciativa legislativa propuesta, que se contrae a adoptar medidas de lucha contra la violencia de género (...). Estas medidas son fruto de un largo trabajo del Pacto de Estado contra la violencia de género y no pueden ser subvertidas y usadas con fines espurios ajenos a la materia de origen", señala el escrito, en el que se pide a la Comisión de Justicia que no admita a trámite la enmienda socialista sobre la ley de estabilidad presupuestaria.

La justificación de la enmienda

El PP califica de "exigua" la motivación de la enmienda, que alude a que la eliminación del veto del Senado a los Presupuestos es "especialmente urgente e imprescindible para que puedan seguir desarrollándose, en el ámbito presupuestario, las previsiones de la proposición de ley y el resto de contenidos del Pacto de Estado en materia de violencia de género".

"Esta motivación, por su laxitud y generalidad, supone tanto como permitir que cualquier norma sea soporte de una reforma presupuestaria (o, por ejemplo, tributaria) por vía de enmiendas inconexas en atención a que las medidas que adopta o su objeto requiere de fondos, inversiones y gastos".

El PSOE, en cambio, considera que esa justificación se adapta a la doctrina del TC, que sólo ha tumbado acuerdos de aceptación de enmiendas cuando es "patente" la "más absoluta desconexión" entre la enmienda y la iniciativa parlamentaria en la que se inserta.

El Constitucional, de otro lado, ha otorgado el amparo por ese motivo en muy contadas ocasiones y casi siempre ha encontrado una "mínima relación de conexión material" entre la enmienda cuestionada y el proyecto o proposición de ley, lo que ha permitido salvar el acuerdo de los órganos parlamentarios.

El PP ya anuncia en su escrito un recurso ante la Mesa del Congreso para el caso de que la mesa de la Comisión de Justicia no rechace la enmienda. A su juicio, el hecho de que el PSOE mantenga en paralelo la proposición de reforma de la ley de estabilidad, cuya toma en consideración se ha aprobado justo este miércoles, pone de manifiesto que el ardid de la enmienda incluida en la norma sobre el Poder Judicial es "un uso fraudulento del trámite de enmiendas para introducir un contenido que ya encuentra su acomodo en el correspondiente expediente".

"La presentación de esa enmienda supone un fraude de los procedimientos ordinarios de la función legislativa, con perjuicio para el ejercicio de los derechos y deberes de los diputados y de la Cámara a través de las funciones de las Mesas", insisten los propulares. Explica, a este respecto que la Mesa del Congreso "vería suprimidas sus intervenciones respecto de leyes orgánicas" si se permite que se cuelen enmiendas a través de otras iniciativas legislativas.

El rol clave de los letrados

La Mesa del Congreso, que preside Ana Pastor, pedirá un informe a los letrados cuando reciba los recursos de PP y Cs contra la probable decisión de la mesa de la Comisión de Justicia de admitir la enmienda.

Fuentes del órgano rector de la Cámara consideran que "hay motivos" para rechazar la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que se quiere introducir en la reforma del Poder Judicial, aunque no hay precedentes de que la Mesa del Congreso revoque los acuerdos de las mesas de las comisiones referidos a admisión de enmiendas.

Fuentes del Gobierno consideran que Pastor estaría "cruzando una línea roja" si propicia la estimación de los recursos contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia.