El abogado y exjuez andaluz que aparecía en un vídeo de contenido sexual que el comisario retirado, José Manuel Villarejo, habría ofrecido presuntamente al marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz Tamara, para que lo utilizara como chantaje y pudiera cobrar una deuda de un cliente de dicho abogado, ha negado los hechos. 

Este miércoles, el aludido ha declarado ante el juez que investiga el caso Pintor, la pieza del caso Villarejo en la que se investiga a Juan Muñoz, su hermano, y dos abogados de su confianza por los presuntos delitos de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos. Éste ha declarado que conocía dicho vídeo en el que supuestamente se le podía ver consumiendo cocaína y con unas prostitutas porque "un chileno al que investigó en el año 2006" se lo grabó, aunque ha explicado que no estaba consumiendo cocaína sino hablando por teléfono. El abogado ha negado cualquier extorsión por parte de los hermanos Muñoz con la utilización de dicho vídeo.

Además de él, también ha declarado ante el juez De Egea que investiga el caso el cliente de dicho abogado, que presuntamente acumulaba una deuda con los empresarios que éstos habrían valorado cobrar utilizando tal vídeo, según la investigación.

El hombre ha reconocido que tuvo problemas económicos con el marido de Ana Rosa y su hermano en el pasado, pero que aquél caso ya se resolvió en un juzgado de instrucción, según su versión. 

Detenidos y con medidas cautelares

Juan Muñoz, su hermano y dos abogados que trabajaban para ellos fueron detenidos el pasado 31 de julio por la Policía Nacional en el marco de la Operación Tándem por presuntamente contratar los servicios del excomisario retirado, José Manuel Villarejo, para cobrarse una deuda de un acreedor. Sus domicilios y sedes empresariales de Madrid y Marbella también fueron registrados a por orden de la Fiscalía Anticorrupción. 

Todos quedaron en libertad con medidas cautelares, salvo el marido de la presentadora de televisión, el único al que no se le obligó a comparecer en sede judicial ni se le prohibió salir del país. Una decisión que fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción.