La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la sentencia de Alsasua, por la que la Audiencia Nacional condenó a penas de entre dos y 13 años de prisión a los ocho jóvenes implicados en la paliza a dos guardias civiles y sus parejas en dicha localidad navarra en octubre de 2016.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les condenó por los delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, aunque decidió absolverles por terrorismo, tal y como pedía el Ministerio Público, que solicitaba penas superiores a los 50 años de prisión. 

En la sentencia se declaran como hechos probados los descritos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal "si bien de los mismos se extraen las referencias a la campaña "Alde hemendik/ Fuera de aquí" como dinámica de la izquierda abertzale y de la organización terrorista ETA que tenía por finalidad la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del País Vasco y Navarra", como se puede leer en el recurso dirigido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, conformada por Enrique López, Eloy Velasco y José Ramón Navarro.

"Entramado que aún pervive"

De ahí que la Fiscalía haya decidido presentar el recurso de apelación al considerar que sí hubo delito de terrorismo. "La finalidad del recurso es la aplicación de los delitos de terrorismo a los hechos que ocurrieron el 15 de octubre de 2016 en la localidad de Alsasua (Navarra) por haberse cometido de una manera organizada al estar integrados los acusados, o al menos algunos de ellos, en la dinámica de la izquierda abertzale radical, liderada por el entramado de la organización terrorista ETA, y que tiene una finalidad claramente ideológica, la realización de uno de los cinco puntos de las exigencias de la organización terrorista ETA, la expulsión de los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y de Navarra, cometiendo para ello actos generadores de terror en la población o en una parte de ella y alterando la paz pública", se expone en el escrito.

Así, concluyen que "no fue una pelea de bar ni una trifulca. Fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista". Además, considera la Fiscalía que ese entramado terrorista contra la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "es un entramado que aún pervive".

Así, el fiscal José Perals vuelve a pedir las mismas penas de prisión de entre 12 y 62 años y medio de prisión para los condenados en primera instancia Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez ,Iñaki Abad y Ainara Urquijo por terrorrismo. Da la alternativa de que, si son condenados por amenazas y desórdenes públicos, que éstos sean calificados de terroristas.

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