Los 4.980 miembros de la carrera judicial y los 2.473 de la carrera fiscal están convocados este martes por sus asociaciones profesionales a una huelga conjunta -la primera de su historia- tras la realización desde el pasado 5 de marzo de paros parciales que, según afirman los convocantes, no han servido para obtener una respuesta del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.
Video-anuncio de la huelga./
La Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para las Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales llaman a una "huelga masiva" por la "indiferencia" del Ejecutivo ante la "permanente parálisis" de la Justicia, la falta de medios, la insuficiencia de plantillas, las deficientes condiciones laborales y el régimen retributivo, que se mantiene inalterado desde 2010.
Junto a ello, las asociaciones de jueces reclaman la despolitización del órgano de gobierno del Poder Judicial mediante la vuelta al sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ por parte de la carrera. Al propio Consejo le exigen la introducción de criterios objetivos basados en el mérito y capacidad para los nombramientos de puestos judiciales y la fijación de cargas de trabajo adecuadas.
Por su parte, los fiscales quieren que se derogue el sistema de plazos máximos de instrucción, la implantación de la justicia digital en la Fiscalía, la atribución a la Fiscalía General de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
Fuentes de las asociaciones señalaron que considerarán la jornada de huelga un éxito si se mantiene el seguimiento que han tenido los paros parciales. El pasado día 17 fue el último día e interrumpieron unos minutos su actividad 1.723 jueces y 602 fiscales.
El Ministerio de Justicia espera, en cambio, que la medida de presión no afecte de forma significativa a la suspensión de vistas o juicios. "No procede la huelga", afirman fuentes del departamento. "La mayor parte de las reclamaciones ya están incluidas en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está en el Congreso y la negociación de las retribuciones se encuentra abierta".
El CGPJ ha rechazado fijar servicios mínimos ya que ello supondría reconocer el derecho a la huelga de los integrantes de un poder del Estado, lo que muchos ponen en cuestión. De esta forma, no habrá cómputo oficial del seguimiento y a quienes secunden la medida de presión no se les descontará el salario correspondiente a la jornada.