La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia desde este miércoles la opción de pedir al magistrado Pablo Llarena que dicte nuevas órdenes nacionales de detención y prisión contra los exconsejeros huidos a Bélgica -Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig-, cuyo proceso de entrega a España ha sido declarado nulo por los jueces belgas a petición de la Fiscalía de Bruselas.
El Supremo critica la “falta de compromiso” de la justicia belga
La decisión ha supuesto un nuevo mazazo para el proceso penal que tramita el más alto tribunal español en relación a los delitos presuntamente cometidos por los promotores de la secesión unilateral de Cataluña. Llarena y la Fiscalía alemana pelean en estos momentos por revertir el rechazo inicial, por parte del Tribunal de Schleswig-Holstein, del cargo de rebelión por el que ha sido procesado Carles Puigdemont y por convencer a los jueces alemanes de que el expresidente catalán debe ser entregado para ser juzgado también por malversación de fondos públicos.
A las dificultades surgidas en Alemania se une ahora la decisión de la Cámara de Bruselas de considerar "irregulares" las euroórdenes emitidas contra Comín, Serret y Puig "por falta de las correspondientes órdenes de detención nacionales españolas".
El tribunal belga ha acogido el planteamiento de la Fiscalía de Bruselas de que las peticiones de entrega cursadas por Llarena no están conectadas con órdenes de detención y prisión dictadas por él mismo dentro del procedimiento que instruye.
El magistrado basó las euroórdenes en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo, en el que de forma expresa confirmó las órdenes de detención y prisión emitidas contra los exconsejeros por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (inicialmente instructora del procedimiento contra el Govern de Puigdemont), precisando que la ratificación de esas medidas cautelares tenía como base los hechos resultantes de la propia investigación del Supremo.
Esta actuación, que fue explicada de forma detallada a los fiscales belgas en un escrito de LLarena del pasado 17 de abril, no ha satisfecho a la Fiscalía de Bruselas, que se ha aferrado a la excusa formal de que las órdenes de detención y prisión (emitidas por Lamela en un momento incipiente del proceso) reflejan hechos diferentes a los del auto de procesamiento (dictado cuando la investigación está a punto de concluir).
Los fiscales belgas han esgrimido la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Bob-Dogi, según la cual cuando una petición de entrega europea "no menciona la existencia de una orden de detención nacional, la autoridad judicial de ejecución no podrá darle curso si, habida cuenta de la información facilitada [por el Estado requirente], así como de todos los demás datos de que disponga, dicha autoridad comprueba que la orden de detención europea no es válida por haber sido emitida sin que se hubiera dictado efectivamente una orden de detención nacional distinta de la orden de detención europea".
"No es Derecho, es voluntad"
La interpretación de la sentencia Bob-Dogi realizada por Bélgica se considera extremadamente forzada en el Tribunal Supremo, en donde el apoyo a Llarena es total. "Esto no es una cuestión de Derecho sino de voluntad, de querer colaborar o no con la Justicia de otro país europeo", afirman compañeros del instructor.
Subrayan que en el proceso que instruye Llarena sí hay órdenes nacionales de detención confirmadas por el magistrado, son distintas de las euroórdenes y además se basan en un título incriminatorio -el auto de procesamiento- superior a una mera orden de detención.
La Justicia belga ha evitado, debido a ese supuesto defecto formal, pronunciarse sobre el fondo de las euroórdenes. Pero el mismo hecho de que no haya sido un "no procede" la entrega sino una tacha puramente formal permite la emisión de nuevos autos de prisión y unas nuevas euroórdenes concordantes con ellos.
Así lo sostienen en la Fiscalía, que valora plantear a Llarena esta vía no sólo para agotar las posibilidades legales de traer a España a Serret, Puig y Comín sino también para evitar que Alemania y Escocia puedan ahora esgrimir la misma excusa formal y declarar nulos los procesos de entrega de Puigdemont y Clara Ponsatí.