La sección de derecho penal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del Ministerio de Justicia, no empezará a trabajar en el estudio sobre una posible reforma de los delitos contra la libertad sexual hasta que el grupo no tenga una composición paritaria entre juristas mujeres y hombres.
La sección cuenta en este momento sólo con integrantes varones y ni una sola mujer. Para el análisis de la reforma de los delitos sexuales, propuesta por el ministro de Justicia tras el polémico fallo contra La Manada, Rafael Catalá invitó a incorporarse al grupo de estudio a siete mujeres: seis catedráticas y la presidencia del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, miembro nato de la Comisión General de Codificación.
Los nombres de las seis catedráticas de Derecho Penal fueron propuestos por el presidente de la sección, Esteban Mestre, pero sólo aceptaron participar en el encargo dos de ellas: Carmen Lamarca, de la Universidad Carlos III, y Avelina Alonso, de la San Pablo CEU. El Ministerio incorporó, además, a Blanca Hernmández, que fue delegada del Gobierno para la violencia de género.
El pasado lunes, la práctica totalidad de las catedráticas de Derecho Penal (25 de una treintena) remitieron a Mestre una carta pidiendo a todos los miembros de la sección que dimitiesen para que ésta pueda componerse "conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género".
Esto ha sido lo primero que ha abordado la sección en su reunión de este jueves. Sus componentes han acordado por unanimidad solicitar del ministro de Justicia la integración en ella de vocales permanentes hasta el número máximo previsto en la regulación vigente, a fin de lograr una composición equilibrada de mujeres y hombres.
Catalá ha hecho suya la propuesta y va a proceder a completar la composición de este órgano asesor, según ha anunciado hoy mismo el Ministerio.
El ministro ha señalado que el encargo efectuado a la comisión es el punto de partida de un proceso con el que se pretende clarificar una cuestión que está generando un amplio debate social en torno a la libertad sexual de la mujer y a la definición que se hizo en 1995 de los delitos que atentan contra este derecho.
El plazo dado al grupo de trabajo termina el próximo 15 de junio, fecha en la que el Ministerio espera disponer de una propuesta que ayudará a decidir si es necesaria una nueva reforma del Código Penal y si existe consenso social y político suficiente. El ministro ha defendido que "el Derecho debe ir acompañando la transformación social para el fortalecimiento de los derechos de todos los ciudadanos".