La desolación se instaló este jueves en la cúpula del Poder Judicial español, que no esperaba un mazazo de la Justicia alemana como el propinado por el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein. La Justicia alemana ha descartado la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de rebelión, lo que limita su persecución al delito de malversación de fondos públicos.
El tribunal alemán también ha acordado excarcelar a Puigdemont con una fianza de 75.000 euros, muy inferior a la impuesta por el instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a otros encausados, y en esa situación de libertad es previsible que permanezca hasta que el proceso de la euroorden culmine.
La justicia alemana deja a Puigdemont en libertad
El fallo favorable al expresidente catalán tiene escasas posibilidades de ser recurrido. Según fuentes jurídicas, sólo cabría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alemán, pero habría que alegar indefensión y no se considera inviable. Aunque la Fiscalía alemana, que ha sido un valioso soporte para la Justicia española en este procedimiento de entrega, se ha comprometido a estudiar el asunto, las fuentes consultadas se muestran muy pesimistas sobre la viabilidad de poder revertir la supresión del delito de rebelión.
En España, los medios judiciales consultados afirman que la entrega de Puigdemont por malversación será aceptada, en caso de que finalmente la Justicia alemana la confirme. No se contempla la opción de retirar la euroorden por el desprestigio que supondría para el Tribunal Supremo, especialmente después de que Llarena dejara sin efecto la cursada a Bélgica precisamente por el temor a que los tribunales belgas limitaran los delitos por los que los fugados podrían ser juzgados.
La decisión alemana abre un escenario de una enorme desigualdad en el banquillo del Tribunal Supremo: los que decidieron someterse a la Justicia española en lugar de fugarse se enfrentarán a todos los cargos y, si la acusación incluyera finalmente el delito de rebelión, a una petición de pena que rondaría los 15 años de prisión, mientras que el jefe, que optó por huir, sólo haría frente a un delito de malversación castigado con unos 8 años de cárcel.
El acta de diputado
El fallo del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein tendrá, asimismo, un efecto directo en el ámbito del estatus político de Puigdemont, introduciendo también factores de desigualdad. El expresidente catalán no podrá ser privado de su acta de diputado en el Parlamento catalán al no serle ya de aplicación el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la suspensión provisional en los cargos públicos que ostenten los procesados por rebelión.
Al limitarse a la malversación el título delictivo por el que Puigdemont podría ser perseguido, ese precepto no sería de aplicación en su caso. Sí lo será, en cambio, para el exvicepresidente Oriol Junqueras, para los exconsejeros Turull y Rull o para cualquier otro procesado que sea diputado en el supuesto de que la Sala Penal del Supremo declare firme el auto de procesamiento dictado por Llarena el pasado 21 de marzo.
Las fuentes jurídicas consultadas temen, además, un efecto dominó de la resolución de la Justicia alemana, que podría influir en las decisiones pendientes en Bélgica, Reino Unido y Suiza, países en los que se encuentran otros encausados que se han dado a la fuga.