María Peral Carmen Lucas-Torres

El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa que se tramita en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos cometidos durante el proceso de secesión unilateral de Cataluña, ha acordado este viernes enviar a prisión a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

El juez también ordenará la detención y prisión de la dirigente de ERC Marta Rovira después de que no haya comparecido esta mañana en el Supremo, donde estaba citada, y se haya dado a la fuga.

Además, Llarena ha cursado orden de detención europea e internacional de Carles Puigdemont, Antoni Comin, Clara Ponsati, Meritxel Serret y Lluís Puig. Estas órdenes se han tramitado via Interpol.

En el caso de Anna Gabriel no se ha cursado orden internacional ni europea de detención porque ha sido procesada sólo por un delito de desobediencia. Sin embargo, sigue pesando contra ella orden nacional de detención por no haber comparecido cuando fue citada por el juez. 

Llarena ha acogido los argumentos de la Fiscalía y de la acusación popular ejercida por el partido Vox, que en una vista celebrada durante más de dos horas han expuesto que existe "grave" riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

La huida de Rovira y el auto de procesamiento dictado este viernes -que les atribuye a todos ellos un delito de rebelión y a los exconsejeros, además, malversación de fondos públicos- han sido determinantes en el encarcelamiento de los encausados.

Para Forcadell, la medida de prisión incondicional es novedosa. La expresidenta del Parlament pudo eludirla tras su primera declaración en el Supremo el 9 de noviembre, cuando Llarena la dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros después de que Forcadell expresara su intención de acatar la legalidad.

Turull, Rull, Romeva y Bassa fueron excarcelados por el juez del Supremo el pasado 4 de diciembre, tras depositar fianzas de 100.000 euros. Llarena rectificó la prisión incondicional que había acordado el 2 de noviembre anterior la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, instructor de la causa contra los exmiembros del Govern hasta que el Supremo la reclamó.

La 'ayuda' de Rovira

La resolución judicial refleja la incidencia que la fuga de Rovira ha tenido en la suerte de sus compañeros. El juez afirma que la "grave punición" de los delitos por los que los cinco encarcelados han sido procesados debe ser tenida en cuenta para evaluar el riesgo de fuga, "una realidad que hoy se materializa respecto de una de las procesadas, que no ha atendido la citación de este Tribunal", subraya.

Para el instructor, "no se aprecia en la esfera psicológica interna [de los ahora encarcelados] un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos". "En realidad", añade, "el acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas. Más aún cuando la pérdida de la garantía personal prestada no supondría un gravamen para su propio patrimonio, por devenir de una solidaridad colectiva".

Llarena aprecia también un "marcado" riesgo de reiteración delictiva que no cree que se despeje con las renuncias a las actas de diputados materializadas por varios de los procesados (este viernes, Forcadell y Bassa, en enero Forn y antes, algunos de los prófugos). "La actuación de los últimos meses", afirma, "no permite obtener la convicción de que se haya abandonado la intención de algunos partícipes de retornar al anormal funcionamiento de las instituciones y, no conjurándose ese riesgo, tampoco se desvanece la posibilidad de prestar una colaboración desde distintos ámbitos del parlamentario".

Como ya hizo en el caso de Jordi Sànchez, el juez cree que los derechos políticos de procesados como Turull, que iba a someterse este sábado a la segunda votación para su investidura como president, no deben prevalecer respecto a la necesidad de conjurar el riego de "continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas", como se indicaba en el Libro blanco hacia la transición nacional.