El exconsejero madrileño Francisco Granados ha negado este martes ante el juez del caso Púnica que empresarios madrileños financiaran irregularmente al Partido Popular de Esperanza Aguirre.
Granados ha negado que unas anotaciones encontradas en su agenda personal por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hagan alusión a los responsables de distintas empresas. En concreto, rechaza que las siglas 'JEC' y 'LD' se correspondan con los nombres José Manuel Entrecanales y Luis Delso, el presidente ejecutivo de Acciona y expresidente de Isolux Corsán, respectivamente.
Quien fuera el hombre de confianza de Esperanza Aguirre ha defendido que su gestión al frente de la consejería de Transportes madrileña fue totalmente legal, y ha negado que cobrara cualquier comisión por la adjudicación de obras de la empresa pública Metro de Madrid.
Su exsocio y presunto conseguidor de Púnica, el empresario David Marjaliza, contó durante su última declaración en sede judicial que se repartió mordidas por un valor de 3,6 millones de euros con el exconsejero delegado de OHL, Javier López Madrid, y con Francisco Granados. Un extremo que éste último ha negado: "Me siento plenamente orgulloso de las obras de Prisma y Metro, que se han adjudicado con una limpieza ejemplar y no se van a ver enturbiadas por la declaración de este tipejo", en alusión a Marjaliza.
Cospedal ocupaba el cargo de la Consejería de Transportes
El exconsejero de Transportes ha insistido en que dichas obras se adjudicaron una vez que María Dolores Cospedal le sustituyó en el cargo y que no pudieron ser amañadas por David Marjaliza porque no tenía capacidad para ello.
En referencia a la cuenta suiza en la que habría acumulado hasta 1,7 millones de euros, Granados ha vuelto a defender que procedía de los ahorros generados por su trabajo en el banco Société Générale, al que se dedicó antes de entrar en política.
El exconsejero madrileño Francisco Granados ha continuado declarando en la Audiencia Nacional, donde se esperaba que diera información más concreta sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño. En su última declaración, Granados apuntó a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, así como a los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Aseguró que los dos últimos coordinaron una "campaña de refuerzo paralela" con financiación "al margen" del Partido Popular para las campañas electorales de 2007 y 2011, que se habría sufragado a través de facturas con conceptos publicitarios girados a empresas públicas por medio de la empresa investigada Swat.
Granados también dijo que González y Aguirre controlaban la empresa pública Arpegio y la consejería de Transportes que él mismo encabezaba por medio de personas de la confianza de ambos a los que habrían colocado.