El exnúmero tres de Esperanza Aguirre, exsecretario general del PP en Madrid y supuesto cabecilla de la trama de corrupción que se investiga en el caso Púnica aseguró el lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que "fue Mariano Rajoy, no Aguirre, el que descubrió la trama Gürtel".
Ocurrió "en 2007 o 2008", dijo en una declaración prestada voluntariamente. "Rajoy llamó a Aguirre porque un empresario se quejó de que había dos parcelas", una en Majadahonda y otra en Arganda, cuya adjudicación estaba decidida de antemano por los Ayuntamientos.
"Esperanza se reunió con Rajoy" para hablar de ese asunto, afirmó Granados, que aportó como fuente de conocimiento lo que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid le contó sobre ese encuentro: "Mariano me ha dicho que me fíe más del que es de pueblo [en referencia al propio Granados] y no del sinvergüenza del vicepresidente". Dardo a Ignacio González. No iba a ser el único.
Según el expolítico, la jefa del Gobierno regional celebró una reunión con él y con González de la que salió el encargo de que éste "parara" la adjudicación de la parcela de Arganda mientras que Granados lo haría con la de Majadahonda. Esta última operación acabó con la dimisión del entonces alcalde, Guillermo Ortega (imputado luego en el caso Gürtel) y los concejales Juan José Moreno y José Luis Peñas, "que estaban en el ajo" de repartirse supuestas comisiones. Peñas empezó a grabar entonces conversaciones a Francisco Correa y entregó las cintas a la Fiscalía Anticorrupción, dando inicio al proceso judicIal que aún hoy persigue al PP.
Granados sacó pecho: "La parcela de Majadahonda se subastó y se sacó tres veces más del precio previsto". En cambio, el terreno de Arganda se adjudicó en los mismos términos denunciados por el empresario que acudió a Génova. "Ignacio González dijo que había llegado tarde", declaró Granados. Sería la parcela adjudicada a Martinsa, empresa de la que se sospecha que pagó el ático de lujo de González.
La expresidenta de Madrid se ha atribuido públicamente en numerosas ocasiones haber "destapado" el caso Gürtel, sin mencionar la intervención de Rajoy relatada al juez por Granados. Según Aguirre, fue ella la que "obligó a dimitir al alcalde y a vender las parcelas al precio tasado", lo que habría desencadenado la actuación de Peñas.
Tres años después, en junio de 2011, Aguirre prescinde de Granados como miembro de su Gobierno y le liquida como secretario general del PP de Madrid en noviembre. En ese período de cinco meses sitúa Granados una conversación suya con Rajoy, en la que el presidente de Gobierno le dice que "esté tranquilo" y le anima a aceptar el ofrecimiento que se le ha hecho para ser senador por designación de la comunidad autónoma.
Fue en esa misma época en la que se produjo la primera declaración judicial de Luis Bárcenas. El entonces instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, llamó a declarar al extesorero del PP, que negó ser el L.B. que aparece en la contabilidad B de Francisco Correa.
La destitución como secretario general del PP se produjo a los pocos días de que Rajoy ganara las elecciones generales de noviembre de 2011. Conforme al relato de Granados, media hora antes de un comité ejecutivo del PP madrileño Esperanza Aguirre le comunicó que lo va a cesar porque no podía seguir como secretario general "estando en el Gobierno tus amigos de la séptima planta". Él le pidió presentar el cese como dimisión y la presidenta le dijo que no porque quería escenificar la destitución y, de hecho, ya tenía convocada a la prensa.
Granados refirió al juez que durante esa reunión del comité ejecutivo se dirigió a Ignacio González -al que atribuyó el control de facto del partido- para decirle que "has estando mandando como si fueras el secretario general y ahora ya podrás hacerlo como secretario general". Aguirre puso a González en ese puesto.
"González ve que no soy afín"
Según Francisco Granados, su cese como consejero de Presidencia de Aguirre no tiene nada que vez con el empresario Florentino Pérez. "Es mentira lo que dice Marjaliza de que Florentino le pidiera a Esperanza mi cese", afirmó ante el juez.
Relató que un año después de entrar en el Gobierno regional (Aguirre nombra a Granados consejero de Transportes en noviembre de 2003), Ignacio González empieza a ver la manera de echarle del Ejecutivo madrileño "porque se da cuenta de que yo no soy afín". La presidenta le convocó para decirle que quería hacerle secretario general del partido y sacarle del Gobierno, pero él respondió que, si era así, se volvía al banco Société Générale, en el que había trabajado hasta 1995, porque lo que le divertía es la gestión.
Al final Aguirre le cambia de cartera, le manda a la Consejería de Presidencia y le asigna Arpegio, la sociedad pública de gestión del suelo de la comunidad madrileña, aunque "me obliga a delegar todas las funciones de presidente en Eduardo Larraz, amigo de ella y de Ignacio González". Larraz, situado como consejero delegado de la empresa pública, despachaba "directamente" con el vicepresidente regional, según Granados.
Esperanza Aguirre es descrita en la declaración judicial de Granados como un personaje que coloca a amigos y parientes en puestos neurálgicos y que está encima de los proyectos de Arpegio, situada en el epicentro de las investigación judicial.
Según Granados, la presidenta controlaba todos los nombramientos importantes, no únicamente los de los altos cargos del Gobierno regional. "Ningún consejero era autónomo para hacer nombramientos. En Transportes yo sólo pude nombrar a mi secretaria y a mi jefe de gabinete", Ignacio Palacios. La secretaria general técnica, Carmen Díaz de Bustamante, "era amiga de Aguirre", al igual que el director gerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pradillo.
Carmen Plata, también "amiga de Esperanza", fue colocada como directora gerente de Arpegio. Granados dijo que Ignacio González situó en la fundación a otros dos hombres de su confianza: Jaime González Taboada, que formó parte de la mesa de contratación, y Miguel Ángel Ruiz, consejero delegado de Arpegio de 2008 a 2010 e imputado en el caso Púnica. Incluyó también en la esfera de González a Manuel Beltrán, exviceconsejero en Medio Ambiente y luego de Economía, que se incorporó como consejero de Arpegio. Desde julio de 2014 Beltrán es secretario del consejo de administración del Canal de Isabel II.
"Por orden de Aguirre y González yo no pude cambiar el consejo de administración de Arpegio", declaró Granados, que dijo que sólo pudo introducir a Palacios. Aguirre cambió el sistema de funcionamiento de la sociedad pública, responsable del Plan Regional de Inversiones de Madrid (Prisma), para que fuera la comunidad la que controlara las adjudicaciones. Hasta entonces, los Ayuntamientos decidían las obras y las gestionaban, aunque fueran pagadas con fondos regionales. Pero la presidenta se quejaba de que "no nos invitaban ni a las inauguraciones".
Proyectos financiados por Arpegio
Francisco Granados aseguró que Aguirre intervino en proyectos concretos financiados por la fundación Arpegio como una recuperación medioambiental del Cerro de los Ángeles o el proyecto Biogolf.
Ambos fueron proyectos controvertidos. El primero, que tenía por objeto la reforestación y acondicionamiento del cerro, tuvo una dotación de 1,6 millones, pero fue incumplido, según denunció el Ayuntamiento de Getafe. El segundo tenía como finalidad la introducción de la flora y la fauna en los campos de golf, deporte al que Esperanza Aguirre es muy aficionada. Biogolf se presentó durante la Feria Internacional Madrid Golf 2010, dirigida por Rocío Aguirre, hermana de la expresidenta regional. Ecologistas en Acción se pronunció contra el proyecto Biogolf por considerarlo un "engaño propagandístico que pretende confundir a los madrileños sobre las bondades ambientales de los campos de golf".