La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves por unanimidad otorgar amparo al juez Manuel Penalva Oliver que instruye el caso de mayor corrupción de Mallorca, el denominado caso Policía de Palma o Caso Cursach.
El titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma había denunciado el "continuo hostigamiento" al que estaba siendo sometido por parte de abogados defensores del caso. En un escrito, Penalva denunció "seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en las inmediaciones o en la puerta de su domicilio e incluso el incendio de un vehículo en el garaje del edificio de viviendas en el que reside, además de maniobras que buscan su descrédito, anuncios más o menos velados de denuncias, demandas y querellas".
Entre estas maniobras de descrédito, el CGPJ considera que la más grave es la convocatoria de una manifestación contra el juez convocada por el abogado Vicente Campaner. Fue defensor de algunos de los miembros de la Policía de Palma investigados y también defendió puntualmente al líder de la presunta organización criminal, Bartolomé 'Tolo' Cursach, en prisión.
Pedía la "inhabilitación y detención del juez"
En dicha manifestación, que se convocó el mismo día que declaraban en sede judicial algunos imputados, se pedía la "inhabilitación y detención del juez". Para el CGPJ, dicha manifestación "supone una actuación externa a la relación procesal que, por sí misma y sin necesidad de otros condicionantes, tiene suficiente gravedad y entidad como para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción, suponiendo una clara injerencia en un asunto judicial en curso", señala el acuerdo aprobado este jueves.
Después de estudiar las alegaciones de los abogados, el CGPJ ha decidido otorgar amparo al magistrado frente a la actuación de Vicente Campaner, "instándole el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional". También le indican que "dispone de diversos cauces legales para reivindicar sus legítimas aspiraciones" si tiene sospechas o indicios de mala praxis judicial.
Además, el CGPJ da traslado de su decisión al Colegio de Abogados de las Islas Baleares "por si, en el ámbito de su competencia, considerase preciso realizar alguna actuación en relación con la conducta del letrado".