El impulsor de las empresas investigadas en el caso Gürtel, Francisco Correa, ha asegurado este martes ante el juez José María Vázquez Honrubia que pasó facturas por los trabajos realizados para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las campañas electorales de 2007 y 2008 a empresarios de dicha región "a iniciativa del PP".
Por primera vez, el líder de la trama ha apuntado a Ricardo Costa (exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana) como la persona que habría indicado a qué empresarios había que facturarle en lugar de hacerlo directamente al Partido Popular. Éste no se lo habría indicado a él mismo, sino al segundo responsable del Grupo Correa, Pablo Crespo, según ha relatado ante el juez.
"Si queréis cobrar, tenéis que facturarnos así", habrían indicado desde el partido, según la versión que ha presentado el líder de la presunta organización delictiva a la fiscal Myriam Segura. "Sabía que para cobrar al PP tenía que facturar a los empresarios que han venido hoy aquí, algo que enfadaba muchísimo a Pablo Crespo porque sabía que le iba a dar problemas, como después se ha demostrado", ha dicho Correa este martes durante su declaración como acusado por la investigación de Gürtel Valencia en la Audiencia Nacional.
Mientras ha defendido que tenía una relación "total" con el PP nacional, asegura que no conocía a nadie en el PP de la Comunidad Valenciana. Tan sólo a Ricardo Costa (exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana) con quien habló en una ocasión por teléfono y le manifestó "su preocupación porque no le habían dado un cargo en el PP nacional", según ha contado en sede judicial.
Respecto a su relación con el expresidente de la Comunidad Valenciana y del PP de dicha comunidad, Francisco Camps, Correa dice que le vio sólo una vez en su vida, en la boda de Álvaro Pérez 'El Bigotes', y que habrían sido presentados por Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. Según Correa, Agag también le presentó a Rafael Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol que se convirtió en el asesor fiscal del Grupo Correa y para el que también se piden 17 años y medio de prisión por siete delitos fiscales en este caso.
Controlaba la 'caja B' de Valencia desde Madrid
Francisco Correa ha asegurado que él mismo controlaba la 'caja B' o contabilidad irregular de sus empresas de Valencia en Madrid.
En esa contabilidad 'B' también estaban reflejados los pagos de los trabajos realizados para el Partido Popular. Correa ha defendido que, a diferencia de los hechos reflejados en el escrito de la Fiscalía que han reconocido los propios empresarios, las facturas pagadas por éstos a su compañía Orange Market respondían a trabajos realizados.