El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha defendido la legalidad de la compra de la compañía colombiana Inassa a través de la sociedad Aguas de América radicada en Panamá, la primera operación con la que comenzó la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica que ahora se investiga en la Operación Lezo.
Gallardón ha comparecido durante la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid a petición de los diputados y ha defendido la actuación de su Consejo de Gobierno en noviembre de 2001. En ese consejo se autorizó una operación de endeudamiento y posterior compra del 75% de las acciones de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá constituida en el año 2000.
El expresidente madrileño ha dicho que "respalda completamente todo lo que hicieron mis consejeros" y ha considerado la operación "legal y ética". Según Gallardón, el Consejo del Canal de Isabel II y posteriormente los consejeros de su equipo de Gobierno, tomaron la decisión basándose en un informe jurídico del despacho Garrigues, "el mejor en aquel momento" según Gallardón. Este despacho aconsejó la compra indirecta de la compañía con la posterior disolución de la empresa a través de la que se compró.
Antes de realizar la operación, el Canal de Isabel II creó la compañía Extensia, con participación privada. Una sociedad vehicular para comprar las acciones de la compañía Inassa que disolvió un año después.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio de Hacienda investigan si con esa compra por parte del organismo público que alcanzó un precio de 65 millones de euros se obtuvo un beneficio ilegal. Las sospechas se fundan, en parte, en que la sociedad constituida para la compra estuviera en un paraíso fiscal.