La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, apela al viaje del expresidente catalán Carles Puigdemont a Bruselas para para justificar su decisión de enviar a prisión a nueve exmiembros de su Gobierno incluyendo el vicepresidente, Oriol Junqueras. La magistrada cita este viaje para justificar el riesgo de fuga que podría darse en caso de que los investigados quedasen en libertad provisional.
A su juicio, no puede olvidarse "el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en que pueden haber incurrido". Puigdemont abandonó hace días España, se refugió en Bruselas (Bélgica) y se ha negado a comparecer ante la jueza este jueves al igual que otros cuatro exconsejeros de su Gabinete.
Lamela expone como otras razones para decretar el encarcelamiento "la alta probabilidad de que puedan destruir fuentes de prueba teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern". También el riesgo de reiteración delictiva atendiendo a los más de dos años que llevan planificando los hechos de los que se les acusa. Insiste la jueza en que los investigados "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado, apoyado por asociaciones soberanistas con poder para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".
"Alentando actos de insurrección"
A la hora de describir las actividades investigadas, la jueza dice que "para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, estos se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando al efecto carreteras, calles, o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso".
En la descripción de estos planes la jueza asegura que "la actuación a través de los movimientos populares iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia". Lamela dice en su auto que los investigados podrían llegar a ser condenados a un total de 50 años cada uno.
Sobre el papel del expresidente Puigdemont, el auto destaca un hecho que tuvo lugar el 8 de septiembre durante el primer acto después de que el Tribunal Constitucional anulase el referéndum. Algunos alcaldes habían desatendido la petición de la Generalitat para que pusiesen a disposición de la consulta los locales municipales.
Durante un mitin celebrado en Sant Joan Despí y en compañía del presidente de ANC, Jordi Sánchez -actualmente en prisión- el ex líder del Ejecutivo catalán dijo: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas. La jueza Lamela entiende que de este modo, Puigdemont "hizo un llamamiento al enfrentamiento de los asistentes con estos alcaldes".