La Fiscalía va a por todas. La querella que, solo 24 horas después de que la anunciara el fiscal general, José Manuel Maza, se ha interpuesto este viernes contra todos los miembros del Gobierno de Puigdemont pide como medida cautelar que el Tribunal Superior de Cataluña imponga fianzas a los querellados para asegurar el pago de la responsabilidad civil derivada del delito de malversación incluido en la querella, para el caso de que resulten condenados.
El fiscal considera necesario que el tribunal adopte desde ya medidas "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir" Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los consejeros, "incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, enbargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije", señala la querella.
El Ministerio Público secunda así, incluso de forma anticipada respecto a la instrucción y el enjuiciamiento, la vía ya iniciada por el Tribunal de Cuentas respecto a los predecesores de Puigdemont y Junqueras, Artur Mas y Joana Ortega, respecto a las consecuencias que la deriva nacionalista puede tener en el patrimonio personal de los impulsores del procès.
El expresidente del Govern y la exvicepresidera están a punto de tener que enfrentarse al depósito de fianzas por los más de 5 millones de euros de dinero público empleados en la consulta ilegal del 9N. Irene Rigau y Francesc Homs, miembros del Gobierno de Mas, acompañan a su antiguo jefe en el expediente de responsabilidad contable que tramita el Tribunal de Cuentas en lo que se ha revelado como un instrumento decisivo de reacción del Estado frente a la secesión unilateral.
El pasado 4 de julio Puigdemont cesó a Jordi Baiget como consejero de Empresa por unas declaraciones en las que dudaba del referéndum del 1-O y afirmaba que "yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia... nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias...”.