El histórico sindicalista de la minería asturiano José Angel Fernández Villa guardaba un cofre del tesoro en su casa. Cuando la Guardia Civil irrumpió en su domicilio el pasado 30 de mayo, y tras levantar toda la vivienda, encontraron su caja de caudales. Guardaba su tesoro particular: monedas de oro y planta, así como una treintena de fajos de billetes, que sumaban 26.000 euros.
Fajos de billetes en la caja fuerte de José Angel Fernández Villa
En el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Fernández Villa guardaba una caja fuerte de color rojo con cinco fajos sujetos con gomas, de billetes de 50 euros, y una cajita azul con tres monedas, una de ellas plateada con la efigie de Juan Carlos I de 2.000 pesetas. En otra de ellas pone Asturias. La tercera moneda llevaba una leyenda relativa a Sudáfrica que lleva la inscripción I oz Fine Gold.
Junto a éstas, el sindicalista guardaba un neceser azul con más monedas: 12 monedas con leyenda de México con una onza de plata; otras cinco monedas del mismo país; cinco monedas con la leyenda de Belgie, 50 ECU 1987; otras cuatro monedas de Liberty trade silver; otra moneda que reza Krugerrand y por el otro lado South Africa.
Fernández Villa guardaba también pesos mexicanos de "oro puro", otras dos planteadas con la leyenda Expropiación petrolera con un símbolo de 100$, y varias monedas con el símbolo del dólar.
Las monedas de oro y plata de José Angel Férnandez Villa
La investigación al sindicalista asturiano se inició a raíz de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), del Banco de España, que informó de que Fernández Villa había intentado regularizar 1,2 millones de euros de procedencia sin justificar. Inicialmente, intentó acogerse a la amnistía fiscal aprobada por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro alegando operaciones mercantiles. Al no funcionarle, alegó una herencia, que no ha podido ser justificada.
Tras esta alerta, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar y descubrió que el sindicalista minero, y uno de los mayores referentes durante décadas en Asturias recibía comisiones de la mutualidad de mineros asturianos a cambio de amañar contratos.
La investigación, controlada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, salpica a autoridades y cargos públicos del Ministerio de Industria por concertarse para financiar con fondos públicos la construcción de una residencia para la tercera edad dedicada a mineros retirados. Por un lado, los investigadores sospechan que desde el Departamento del ex ministro socialista Miguel Sebastián se entregó 31 millones de euros a la mutualidad de mineros asturianos, Montepío, para la construcción de una residencia de ancianos. La investigación apunta a que más de la mitad de la subvención se repartió en comisiones, entre otros, al propio Fernández Villa.
Tras varios años de investigación, Anticorrupción, junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, procedió a la detención de varias personas vinculadas al amaño de este contrato. A Fernández Villa no se le detuvo por su edad pero sí se procedió al registro de su domicilio en su presencia.
Se niega a firmar el atestado
Durante el registro, el sindicalista se negó a firmar el atestado en el que se daba fe de la diligencia, “debido a su estado físico y mental que le impide afrontar la lectura y comprensión de la extensa parte dispositiva del auto” por el que la jueza ordenaba el registro de su domicilio.
José Angel Fernández Villa.
Tal y como consta en la diligencia, aquella mañana abrió a la puerta la hija del sindicalista. Se habían personado en su domicilio agentes de la UCO, dos fiscales Anticorrupción y el letrado de la Administración de Justicia. Iban a proceder a registrar su casa en buscar de pruebas que demuestren que ha cobrado comisiones irregulares. La tesis de los investigadores es que los 1,2 millones de euros que intentó regularizar proceden de su intervención por repartir entre empresas amigas la subvención pública otorgada por el Ministerio de Industria de la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante todo el registro, Fernández Villa alegó su mal estado físico. Así se negó a acompañar a los agentes en cada habitación del registro aunque él permaneció sentado dentro de la vivienda expectante a ver lo que encontraban.
“Llaneza, algunos no se conforman”
Los agentes encontraron varios pendrives que se llevaron para analizarlos y varias libretas. Pero sobre todo, les llamó la atención una nota manuscrita guardaba dentro de un libro titulado El carbón, del autor Ivor Thomas, y que comienza con la expresión: “Llaneza, algunos no se conforman”.
También guardaba un sobre con membrete de SUMA UGT -sindicato al que pertenecía-, que llevaba escrito a lápiz JA #600,00#. Se encontraba dentro de un libro titulado Guía de uso (User's Guide) MP3 player.
El Gobierno de PSOE, detrás
En el caso de la Operación Hulla, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo (Asturias), se sospecha que la subvención de 31 millones de euros a Montepío pudo ser una orden desde el propio PSOE para favorecer a Fernández Villa, a quien se le atribuye desde hace mucho tiempo la capacidad de “poner y quitar” a presidentes autonómicos en Asturias. La minería en esta comunidad ha sido una de las principales fuentes de ingresos y el poder de Fernández Villa como máximo representante sindical del SOMA-UGT durante 40 años ha quedado patente a lo largo de todo este tiempo.
En el caso de esta subvención, fue aprobada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería de Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio de Industria, para la construcción de la Residencia de Mayores de la Minería en Felechosa-Aller. Los fondos públicos fueron a la mutualidad Montepío, y ésta adjudicó para la construcción a la empresa Alcedo de los Caballeros SL, cuyo administrador desvió fondos en connivencia con el presidente de Montepío, José Antonio Postigo, y el propio Fernández Villa.
En esta investigación se considera con “posición nuclear” de las irregularidades, al gerente de IRMC, Carlos Fernández, quien concedió la subvención a pesar de que no se cumplía uno de los principales requisitos, que los fondos públicos fueran para una sociedad sin ánimo de lucro. Según los investigadores, el IRMC no efectuó la comprobación material de la inversión a la que se ha destinado la subvención.