La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid que archive la denuncia interpuesta por la Plataforma Patriótica Millán Astray contra la alcaldesa, Manuela Carmena, y contra Francisca Sahuquillo, presidenta del comisionado de la memoria histórica del Ayuntamiento. La denuncia atribuye a ambas un supuesto delito de prevaricación por la iniciación de un procedimiento administrativo para retirar a una calle de Madrid el nombre del militar que fundó la Legión.

El fiscal considera, sin embargo, que no hay hecho alguno del que se desprenda la comisión de ningún delito y en un informe dirigido al Juzgado acude como fuente de conocimiento a Wikipedia, concluyendo que "existen datos que involucran al general" en la guerra civil española.

La controversia se centra en la interpretación de la Ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica. El artículo 15.1 establece que las Administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura".

El artículo 15.2 de la ley matiza que lo anterior "no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".

La plataforma denunciante subraya que la dedicatoria de una calle a Millán Astray, situada en el barrio de Carabanchel, no tiene nada que ver con la guerra civil, como lo prueba el hecho de que está en el callejero desde 1924. Sostiene que la dedicatoria se debe a la trayectoria del general como fundador de la Legión, sus heridas en combate en África y su participación en la guerra de Filipinas.

Calle de la Inteligencia

La Plataforma Patriótica Millán Astray ha promovido movilizaciones tras conocerse la propuesta de la comisión que preside Sahuquillo de cambiar el nombre de la calle Millán Astray por el de Inteligencia, en alusión al enfrentamiento que el general mantuvo con Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, en octubre de 1936. El militar habría espetado al filósofo "¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!".

Además, denunció a la alcaldesa y a Sahuquillo por la vía penal, iniciándose las diligencias cuyo archivo insta ahora el Ministerio Público.

El fiscal señala en su dictamen que en la ley de memoria histórica "se establecen una serie de medidas" basadas en el principio de "evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho (...) a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio".

"Más allá de la conformidad o desacuerdo con la citada ley", ésta es "de obligado cumplimiento para las instituciones públicas", recuerda el fiscal, por lo que el Ayuntamiento de Madrid "puede acudir, en ejercicio de las facultades que le confiere dicha ley, a establecer las medidas que estime oportunas".

Historia

En contestación a la alegación de la organización denunciante de que Millán Astray "no tuvo intervención alguna en la guerra civil ni tampoco colaboró con el régimen político surgido de la misma", el fiscal afirma que "si acudimos a Wikipedia, de manera meramente prospectiva y sin más ánimo de profundización en la figura política y militar del general, observamos que se indica '...durante la guerra civil española tuvo un papel secundario en el ejército sublevado contra la II República española…tras el final de la contienda actuó como jefe de prensa y propaganda de la dictadura militar, creando Radio Nacional de España (RNE) …', reflejando además el altercado acaecido el día 12 de Octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca con Miguel de Unamuno, sobre el que existen dos versiones sobre las palabras del Millán Astray, una que dijo 'muera la intelectualidad traidora, viva la muerte' u otra 'muera la inteligencia, viva la muerte'".

Con esa base el fiscal infiere que "no puede afirmarse que exista en las denunciadas ánimo prevaricador por el hecho de incluir [la calle dedicada a Millán Astray] entre los expedientes administrativos de modificación del callejero madrileño" ya que "existen datos que involucran al general en la contienda y en la sustentación del régimen político surgido de la guerra civil". "Otra cosa será que en el ejercicio de la acción contencioso-administrativo se dirima, con la pertinente controversia y contradicción, si la figura del general Millán Astray debe entenderse o no acogida en los supuestos recogidos" en el artículo 15.2 de la ley de memoria histórica.

Prevaricación

El dictamen también argumenta que el delito de prevaricación de los funcionarios públicos exige la existencia de una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. La jurisprudencia reclama que esa resolución "no sea solamente incorrecta sino que, además, no sea defendible a través de ningún método aceptable de interpretación de la norma legal".

En este caso, afirma, "no consta resolución alguna que se haya adoptado por el Ayuntamiento de Madrid, de la que es titular la denunciada Manuela Carmena, o por el Comisionado de la Memoria Histórica, que preside la denunciada Francisca Sauquillo, por lo que resulta patente que falta el elemento objetivo básico de dicho delito".