El hombre fuerte del Canal de Isabel II en la época de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, tiene la llave para dejar caer definitivamente al expresidente madrileño. Quien fuera el máximo responsable de las filiales sudamericanas del Canal, ha pedido declarar de manera voluntaria ante el nuevo juez que lleva ahora el caso Lezo, Manuel García Castellón, después de que Eloy Velasco cambiase de destino.

Durante los meses previos a la operación que acabó con la detención de González, su hermano Pablo, y Rodríguez Sobrino, entre otros, este último era el que más nervioso se encontraba ante una posible investigación sobre su gestión. De las conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende que el hombre fuerte del Canal de Isabel II intentó averiguar a toda costa si había una investigación abierta sobre su gestión en el Canal. Asimismo, intentó parar a la Comunidad, pidiendo al presidente y director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, que presionaran a la presidenta, Cristina Cifuentes.

Además, estaba especialmente nervioso por la denuncia que la Comunidad de Madrid interpuso ante la Fiscalía sobre la gestión de Inassa, la filial del Canal en Colombia que él dirigía. “Del tema mío… eh… que no sé por qué coño tiene que ser mío, porque me están tratando de involucrar, el tema de Brasil, la compra de Brasil, la compra de Brasil tiene dos frentes (…). Ahora dicen que me excedí de mis poderes, podría haber sido… yo tenía una asesoría jurídica, coño... yo no me estaba mirando...”, se quejaba en una conversación intervenida por los agentes. 

En esa misma conversación reconoce que se saltó los trámites en la compra de la empresa brasileña Emissao, con fondos públicos del Canal. "Es posible que hubiera tenido que pasarlo por Junta, en fin, es que no lo sé, esto lo tengo que comprobar. Lo que sí que es cierto que me salté ese acuerdo, vale, porque era un acuerdo lesivo para la sociedad, lo encarecía de una manera desproporcionada, los intermediarios no aportaban nada”.

Anticorrupción, “la Santa Inquisición”

En los últimos meses antes de ser detenido, Rodríguez Sobrino utilizó sus contactos para conocer si la denuncia interpuesta por el Canal sobre su gestión tenía recorrido judicial. “El tema lo mandan a Fiscalía General, y el fiscal general lo ve y dice yo aquí no veo nada, mandárselo al fiscal de la Comunidad de Madrid por si acaso. Se lo mandan al fiscal de la Comunidad de Madrid, este lo ve, y dice yo aquí no veo nada, mandárselo a Anticorrupción por si acaso. Y acaba en Anticorrupción, y Anticorrupción es… es la Santa Inquisición”, se lamentaba, en unas conversaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Efectivamente, la denuncia acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que ya estaba investigando junto a la UCO a Ignacio González y añadió los datos de la Comunidad a su investigación, que desembocó en la Operación Lezo.

Según fuentes de la investigación, Rodríguez Sobrino es la persona que puede 'derrotar' a González, quien podría saber dónde oculta el dinero desviado desde el Canal. Rodríguez Sobrino conoce cómo el expresidente madrileño blanqueaba dinero para poder tener efectivo, una de sus grandes “obsesiones”, según reconocía en una conversación el expresidente de Inassa.

Si Rodríguez Sobrino decide finalmente colaborar con los investigadores, su testimonio puede ser igual de efectivo que resultó el del empresario amigo de Francisco Granados, David Marjaliza, quien decidió confesar ante el juez cómo pagaba comisiones a cambio de obra a Granados y a otros políticos. Marjaliza consiguió salir de prisión mientras que Granados siguió preso y su postura ante la investigación en el caso Púnica ha quedado muy debilitada.

Busca exonerar a su hija

Rodríguez Sobrino quiere su libertad. Este jueves va a intentar que el juez le imponga una fianza asumible y poder pagarla para salir de la cárcel antes de agosto. Pero para ello tiene que convencer al instructor y a la Fiscalía Anticorrupción de que va a contar quién le ordenó comprar Emissao por un importe muy superior a su valor real, cómo se pagaron las comisiones por esa operación y dónde se esconden.

El punto más débil de Rodríguez Sobrino es su hija Patricia Ana Rodríguez, también investigada en este asunto al ser considerada la “testaferro” de su padre. Sus problemas judiciales han aumentado después de que en los registros realizados en Colombia, junto a las autoridades de aquel país, se le requisara en su domicilio colombiano cerca de 300.000 euros en metálico.

Rodríguez Sobrino, que fue consejero delegado del periódico La Razón hasta su detención, quiere exonerar de cualquier responsabilidad a su hija, a quien ha puesto propiedades a su nombre compradas con dinero que está puesto en entredicho y se sospecha que es fruto del blanqueo de capitales provenientes del saqueo del Canal de Isabel II.