La Fiscalía Anticorrupción ha dejado de estar dirigida por Manuel Moix, pero su programa para ese órgano no está muerto. El fiscal general, que este jueves aceptó "a su pesar" la renuncia de Moix al cargo para el que fue nombrado hace sólo 87 días, ha manifestado a sus colaboradores que tiene la intención de proponer a un nuevo jefe o jefa anticorrupción que sea capaz de aplicar "los mismos principios" en los que se inspiró el proyecto presentado por Moix y por el que obtuvo la confianza de José Manuel Maza.
Ese programa, adelantado por EL ESPAÑOL, puede resumirse en tres líneas maestras: la proscripción de las investigaciones prospectivas, encaminadas a ver si aparece 'algo'; la actuación de la Policía, de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria bajo la dirección de los fiscales "y no viceversa" y la agilización de los procedimientos.
Moix planteó la necesidad de "desechar tanto las investigaciones generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de 'algo' que pudiera ser un indicio de delito como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales". Para el exfiscal jefe anticorrupción, las investigaciones prospectivas son "absolutamente incompatibles con el Estado de Derecho".
Ésto fue lo que le llevó, por ejemplo, a ordenar que las entradas y registros a los domicilios y despachos de los implicados en la operación Lezo y la intervención de sus cuentas de correo electrónico no fueran ilimitadas, como pedía la UCO.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil quería obtener "todos los datos alojados en el buzón de correo electrónico corporativo del Canal de Isabel II, cualquiera sea su dominio, de las siguientes personas..." o "el volcado de las cuentas de correo pertenecientes a...". Moix ordenó que la incautación de documentación y la obtención de mensajes se ciñera "a las específicas operaciones y contratos investigados" durante "los años en los que se han llevado a cabo", no a todas las actuaciones de los sospechosos a lo largo de su vida.
¿Quién dirige?
El programa de Moix también planteaba que era necesario "tener claro y hacérselo saber tanto a la Policía Judicial como a la Agencia Tributaria" que en las investigaciones preprocesales "han de actuar bajo la dirección del fiscal y no viceversa".
"Ha de ser el fiscal el que delimite y acote los hechos que han de ser investigados por presentar indicios de delito, y sólo éstos y no las simples especulaciones o conjeturas, más o menos aventuradas, son los que han de generar la incoación de unas diligencias de investigación", añadía el programa.
El planteamiento responde a la percepción de que en ocasiones la UCO y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) proponen investigaciones basadas en una mera concatenación de apreciaciones subjetivas cargadas de contenido incriminatorio que no se basa en indicios objetivos.
En la Fiscalía General preocupa que los dictámenes de algunos fiscales anticorrupción resultan ser un mero trasunto resumido de las denuncias o informes de las unidades policiales, que son de esta manera las que tienen en su mano la orientación de la investigación y, de facto, la dirigen.
Maza ha informado a sus colaboradores que lo ocurrido con Moix -cuya caída se atribuye a las filtraciones proporcionadas por fiscales y agentes que no quieren someterse a los controles descritos- pone de manifiesto que, ahora más que antes, es preciso que al frente de Anticorrupción se ponga un fiscal que se atreva a llevar a cabo el programa de actuación de su antecesor.
Preocupa también el nivel de eficacia de una Fiscalía en la que los asuntos se eternizan, cuando la relevancia de las presuntas infracciones penales cometidas aconseja justamente lo contrario: una mayor agilidad.
La Fiscalía General sacará ahora a concurso la plaza vacante desde este jueves y, mientras tanto, la jefatura de Anticorrupción sera ejercida provisionalmente por la teniente fiscal, Belén Suárez, que ya aspiró a dirigirla cuando se jubiló Antonio Salinas.