El juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid ha decretado este viernes la libertad condicional para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, quien estaba actualmente cumpliendo su condena en tercer grado en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid, donde acudía a dormir entre semana. La decisión adoptada por el juzgado, tal y como informa la Agencia EFE, ha sido tomada a pesar de contar con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y con la junta de tratamiento del centro de inserción.



Fabra fue condenado en 2013 a cuatro años de cárcel por evadir casi 700.000 euros a la Hacienda Pública porque no declaró ingresos de 1,9 millones en sus cuentas (3,3 millones contando lo no declarado por su mujer). El tribunal que le juzgó concluyó que esos ingresos no se correspondían con su patrimonio y que solo “fuentes ocultas” explicaban estas ganancias. Lo defraudado por el matrimonio ascendió a casi un millón de euros.



El quien fue todo poderoso presidente provincial de Castellón fue condenado además al pago de 1,4 millones de euros en concepto de multa e indemnización. El fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo y Fabra ingresó en prisión un 30 de noviembre de 2014 para cumplir tres de los cuatro años a los que fue condenado. Tres años porque su abogado tiró de un artículo de ingeniería procesal que le permite no cumplir en la cárcel más del tripe de su condena más alta. Y él está condenado a cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública, un año por delito.



El juzgado le concedió el tercer grado cuando apenas llevaba año y medio en prisión. Ahora, justo un año después, le concede la libertad condicional. Ha cumplido casi dos años y medio de cárcel.



EN CONTRA DE ANTICORRUPCIÓN



La decisión de dejar a Carlos Fabra en tercer grado se tomó hace un año en contra de la junta de tratamiento de la prisión y en contra de la Fiscalía Anticorrupción. Lo mismo ha ocurrido ahora. Según informa Efe, la libertad condicional se ha decretado con la oposición del centro y de la Fiscalía.



Hace un año, Anticorrupción se opuso al tercer grado advirtiendo de que el expresidente de la Diputación de Castellón todavía no había hecho frente a todos sus compromisos de pago, así como por la gravedad de los delitos por los que fue condenado.



Carlos Fabra, no obstante, tiene otros frentes abiertos con la Justicia. El juzgado de Instrucción 3 de Castellón abrió una causa en la que le imputó por presunto cohecho por los contratos de patrocinio que firmó cuando era presidente de la sociedad del Aeropuerto de Castellón. En esta causa está también imputado el piloto castellonense Álex Debón. La causa se abrió por una denuncia de la Fiscalía de Castellón, tal y como avanzó en su día EL ESPAÑOL, y en ella se investiga el dinero que Aerocas (la sociedad pública que gestionaba el aeropuerto) pagó a Debón en concepto de patrocinio deportivo. El piloto recibió más de tres millones por patrocinar la instalación aeroportuaria en las temporadas de 2009 y 2011.



Estos patrocinios siguen aún hoy lastrando las arcas públicas de la Generalitat Valenciana. La portavoz del gobierno, Mónica Oltra, ha informado este viernes que han tenido que desembolsar tres millones de euros más porque Hacienda ha considerado incorrectas las desgravaciones que en su día se hizo de estos patrocinios deportivos que, en total, superaron los 30 millones de euros.