La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión incondicional para tres de los 12 detenidos el pasado miércoles en la Operación Lezo: el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el presidente de Inassa, filial sudamericana del Canal de Isabel II, y la colaboradora de este último María Fernanda Richmond. Este viernes, Anticorrupción ha solicitado prisión sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de La Razón.
La Fiscalía pedirá prisión para Ignacio González salvo que confiese
Los investigadores atribuyen a González, Richmond un papel central en las operaciones de salida de fondos públicos del Canal de Isabel II que son objeto del procedimiento y que habrían dado lugar a delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Fuentes de la investigación señalan que la petición de prisión incondicional podría modificarse si los afectados reconocen los hechos y deciden colaborar en su esclarecimiento. En este caso, Anticorrupción reemplazaría la privación de libertad por una fianza y medidas cautelares de presentaciones periódicas en el Juzgado.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado este jueves el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros de los exdirectivos del Canal María Fernanda Richmond y de 100.000 € para Adrián Martín por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Ambos, que ingresan en prisión hasta el pago de las fianzas, están vinculados con la adquisición irregular de Emissao.
González, el último en comparecer
Está previsto que González sea el último en comparecer ante el juez Eloy Velasco, lo que se producirá, en principio, en la tarde de este viernes. De acuerdo con los indicios acumulados durante la investigación, quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre se habría enriquecido ilícitamente a través de operaciones irregulares realizadas desde el Canal de Isabel II, organismo que presidió.
Una de esas operaciones sería la compra por parte de Inassa de la sociedad brasileña Emissao por un valor muy superior al real. Se investiga si parte del dinero acabó desviado a las personas vinculadas con esta operación. Los investigadores estiman que el agujero económico generado asciende a unos 60 millones de euros.
Richmond, miembro del consejo de administración de Canal Extensia y directora de gestión económica y financiera de Canal Gestión, era una persona de la máxima confianza de Rodríguez Sobrino, hasta el punto de que fue a ella a la que el presidente de Inassa llamó preocupado al saber que la Fiscalía española había solicitado información a Suiza sobre la compra de Emissao. En el país helvético se pagó la mayor parte de los 29 millones de dólares que se invirtieron en la compra del 75% de la sociedad brasileña.