El tribunal que juzga el caso Gürtel va a resolver tras las vacaciones de Semana Santa sobre la solicitud de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sea llamado a declarar como testigo. "No me extrañaría en absoluto que lo citaran", asegura una alta fuente de la Audiencia Nacional, que recuerda que es la tercera vez que la Sección Penal Segunda, encargada del caso, se enfrenta a la peliaguda petición.
La Sala, presidida por Ángel Hurtado e integrada por los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego, rechazó citar a Rajoy en febrero de 2016, cuando se pronunció sobre las pruebas propuestas por las partes para la vista oral.
Ya en aquel momento De Prada se mostró partidario de la comparecencia del jefe del Gobierno y Hurtado, en contra. La discrepancia se zanjó con un auto en el que, pese a la desestimación de la petición de la acusación popular, se dejaba la puerta abierta: "Se inadmite su testimonio [el de Rajoy] al no haber aportado la parte [Adade] razón suficiente para que lo preste, sin perjuicio de que, en otro momento, se pueda acordar por la Sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral", señalaron los magistrados en una resolución dictada el 4 de febrero de 2016.
Nada más comenzar la vista el 4 de octubre, Adade reiteró su solicitud y la Sala se remitió a lo resuelto ocho meses antes. Pero la acusación popular ha vuelto a la carga por tercera vez en un escrito presentado el 31 de marzo último y del que la Sala podrá decir cualquier cosa menos que no da "razón suficiente" para la petición. A lo largo de 23 folios, el letrado José Mariano Benítez de Lugo explica por qué cree que Rajoy debe ser llamado, "sin reparos escénicos", para "informar al tribunal de lo que sabe sobre el tema enjuiciado y, por su reiterada posición orgánica en el PP, sabe y debe saber mucho del tema objeto del juicio que se está desarrollando".
La Época I de Rajoy
La parte del caso Gürtel que ahora se enjuicia abarca la actividad del entramado de sociedades dirigido por Francisco Correa entre 1999 y 2005. Es lo que se llamó por el juez instructor "Época I de Gürtel" cuando el procedimiento judicial fue dividido en varias piezas separadas.
Durante ese período, Rajoy fue miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y vicesecretario general (1990-2003), secretario general (septiembre de 2003 a octubre de 2004) y presidente desde octubre de 2004.
Además de esos cargos orgánicos, fue director de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 1995 y de las dos campañas electorales que ganó José María Aznar, las de 1996 y 2000. Fueron las campañas que, según las acusaciones, pudieron ser financiadas ilegalmente con fondos procedentes, entre otras fuentes, de empresarios con los que Correa habría hecho de intermediario.
"A mí los empresarios me pasaban la licitación que querían, yo se la entregaba a Luis Bárcenas [tesorero del PP] y él hacía las gestiones con el oportuno Ministerio. Si se conseguía la obra, yo le llevaba el 2 o 3% de la obra a Génova", manifestó Francisco Correa en su declaración ante el tribunal el pasado 13 de octubre.
El escrito de Benítez de Lugo trae a colación los estatutos del PP para subrayar que, entre otras funciones dentro de una estructura "muy centralizada, jerarquizada y piramidal", al presidente le correspondía dar el visto bueno a las cuentas anuales en los estatutos de 1999, posteriormente modificados en ese punto.
¿Por qué él no?
La acusación popular hace pivotar el núcleo de su argumentación en una decisión tomada por la Sala el 20 de julio de 2016, cuando, a petición de Bárcenas, aceptó citar a declarar como testigos a Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor y Rodrigo Rato, todos ellos miembros destacados de la cúpula del PP en los años de la Época I.
Los tres primeros fueron secretarios generales del partido en distintos períodos, como el propio Rajoy. Mayor fue vicesecretario general, igual que Rajoy. Y, según el ex tesorero, Rato "es conocedor de cómo se organizaban las campañas electorales y de cómo se adjudicaban". Rajoy dirigió tres de esas campañas.
"Si la Sala ha considerado necesario aceptar la citación de miembros relevantes del PP, ¿por qué dejar en la penumbra de la no citación como testigo al inveteradamente más cualificado miembro del partido, dado su currículum?", pregunta la acusación popular.
"¿Cómo resultaría defendible que presten su testimonio todos los secretarios generales del PP en aquella época y no suceda lo mismo con Rajoy, que es el único de los máximos dirigentes del Partido Popular del que va a faltar su testimonio para aportar información al caso?", añade el representante de Adade, que cree necesario "hacer caso omiso de las posiciones institucionales y tener sólo en cuenta la posición orgánica" de Mariano Rajoy. "Y lo decimos", precisa, "con el máximo respeto al sr. Rajoy como presidente del Gobierno pero sin ninguno específico a él como presidente de un partido que hizo de los comportamientos corruptos su ADN y, muy acreditadamente, para obtener financiación ilegal para sus campañas electorales".
"En una urna de cristal"
La acusación popular recuerda que el PP es parte en el procedimiento como presunto beneficiario a título lucrativo de la financiación ilícita allegada a través de la trama Correa, otro motivo, a su juicio, para oír en juicio a su máximo representante en lugar de "colocarlo en una urna de cristal por su posición institucional, que es muy diferente a la orgánica, y ésta es la relevante en nuestro caso, con abstracción de aquella".
"Es el momento de levantar el velo de la ignorancia sobre lo que sabe del caso MR", indica el letrado de la acusación popular, que invoca el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva argumentando que el rechazo a la citación de Rajoy pondría de manifiesto una "desigualdad de trato" con los otros cargos de la dirección del PP que deberán comparecer a testificar los próximos 19 y 20 de junio.
La citación de Álvarez-Cascos, Arenas, Acebes, Mayor y Rato a petición de Luis Bárcenas -que se cuidó de proponer la testifical del presidente del Gobierno- ya generó en el seno del tribunal de caso Gürtel un serio enfrentamiento. El propio presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, intervino para mediar entre los magistrados.
Finalmente, De Diego apoyó el criterio de De Prada favorable a las citaciones y Hurtado, por primera vez en minoría pese a su posición de presidente y ponente del asunto, redactó un voto particular discrepante en el que señalaba que esas comparecencias podían estar justificadas en la parte del caso Gürtel referida a los llamados 'papeles de Bárcenas', que será objeto de un enjuiciamiento autónomo. En el juicio de la pieza sobre la Época I, sin embargo, "no debieron ser admitidas" dada "la diferenciación entre quienes se encargaran del área política y quienes se encargaran del área económica" dentro del PP, sostuvo.
El escrito de la acción popular contesta a esa tesis opinando que "la diferenciación entre responsabilidades políticas y económicas supondría otorgar patente de corso a los responsables políticos".
Fuentes de la Audiencia Nacional señalan que Ángel Hurtado sigue considerando innecesaria la citación de Rajoy ya que, a su parecer, ningún elemento relevante ha sobrevenido durante el juicio que permita modificar el criterio del auto de 4 de febrero de 2016.
Por el contrario, José Ricardo de Prada también sigue estimando procedente escuchar lo que Rajoy puede decir sobre lo que ocurría en el partido en el que ocupó puestos y funciones destacadas durante la Época I, teniendo en cuenta que el derecho a la prueba también ampara a la acusación popular y no sólo a la defensa.
El fiel de la balanza volverá a situarse, por tanto, en Julio de Diego.