El fiscal del 'caso Nóos' pedirá a la Audiencia Provincial de Baleares que convoque una comparecencia para solicitar el inmediato ingreso en prisión sin fianza del cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarin, una vez que la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado su condena a una pena de cárcel de seis años y tres meses, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la Fiscalía. El tribunal ha hecho pública este viernes la sentencia tras meses de deliberaciones sobre las posibles penas a imponer. La misma medida solicitará el Ministerio Público para su socio Diego Torres, condenado a ocho años de cárcel. Camino distinto tomará la Fiscalía para Jaume Matas, ya que su condena se reduce a tres años.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó para el exduque de Palma una pena de 19 años de cárcel por crear, junto a Torres, una estructura hueca de contenido real en el Instituto Nóos y urdir una maraña de facturación ficticia para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto, que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles de su propiedad para que “operasen al servicio de sus intereses comerciales”. En la misma sentencia, el tribunal acuerda absolver a la infanta Cristina de Borbón y condenar a tres años de prisión al expresidente balear, Jaume Matas, entre otros.

El tribunal que preside la magistrada Samantha Romero concluyó el juicio el pasado mes de junio. La jueza solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares que le concediera una prórroga hasta el 31 de marzo para poder dedicarse en exclusiva a la redacción de la resolución sin tener que dedicarse a otras causas, petición que le fue concedida.

Aunque la parte con más enjundia técnica era la referida al entramado societario de Urdangarin y su exsocio para desviar dinero público a través de una asociación sin ánimo de lucro, todos los ojos estaban puestos en la hermana de Felipe VI.

Ni el fiscal ni la Abogacía del Estado acusaban a Cristina de Borbón de ningún delito, pero sin embargo llegó al banquillo de los acusados junto a su marido con la acusación del sindicato Manos Limpias, que la señalaba como cooperadora necesaria de los delitos fiscales de Urdangarin al ser socios de una empresa que él utilizó para desviar dinero público.